Los Montes de María siguen siendo un territorio vulnerable ante la presencia de los grupos armados ilegales. Así lo confirman los indicadores de violencia de los últimos años, que tras un análisis realizado por los investigadores Amaranto Daniels Puello y Francisco Méndez Beltrán, del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, muestran un escenario de violencia y de fragilidad institucional.
El informe refleja el panorama de la violencia homicida entre los años 2023 y 2025 con un total de 173 asesinatos, según las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Lea: ¿Aparición de panfletos y aumento de homicidios tienen relación en los Montes de María?
En este período, la mayoría de los homicidios se concentraron en el municipio de El Carmen de Bolívar (87), Marialabaja (38), San Jacinto (24) y San Juan Nepomuceno (12).
Para este 2026, al mirar las cifras del primer trimestre del año, entre enero y marzo, la tendencia homicida parece continuar aunque con variaciones importantes que prenden alertas en el territorio.
“En San Juan Nepomuceno ya hay 7 asesinatos, superando ostensiblemente el promedio de 4 homicidios anuales durante los años 2023-2025, en otras palabras, en tan solo 90 días los asesinatos superan el total del año pasado. Situación similar ocurre en El Carmen de Bolívar, en donde hay 11 homicidios, es decir el 34% del promedio anual de 29 homicidios y en San Jacinto hay 3”, detalla el informe.
A esto se suma que durante el mes de abril se han registrado 4 asesinatos más: 2 en San Jacinto, 1 en El Carmen de Bolívar y 1 en San Juan Nepomuceno, lo cual representa un riesgo para la vida en estos municipios y enciende alarmas en torno al proceso electoral que se avecina. Lea: Doble homicidio en San Jacinto: sicarios mataron a ‘el Mono’ y a su hijastro, ‘el Papa’
¿Quiénes están detrás de la violencia en los Montes de María?
Los investigadores señalan que los Montes de María hoy son un escenario en disputa ante la presencia, operación y control de estructuras criminales como el Clan del Golfo y sus bandas locales asociadas, los Pachencas/Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los Patriotas del Dique -de reciente aparición- y estructuras vinculadas al Tren de Aragua.
“Se evidencia un escalamiento de la violencia por el control territorial, lo cual implica una alta vulnerabilidad para el goce efectivo de los derechos humanos de la población”, señalan los investigadores.
Aún así, el análisis destaca que se han llevado a cabo acciones importantes por parte de la Fuerza Pública, como lo son la captura de seis presuntos miembros de la subestructura Nicolás Urango del Clan del Golfo en El Carmen de Bolívar y también en Córdoba.
“Si bien las operaciones de la Fuerza Pública se materializan en capturas y neutralizaciones de miembros del Clan del Golfo y demás bandas, es innegable el reposicionamiento de las mismas ante la expansión de los mercados criminales locales y la carencia de una política pública de seguridad humana y control de la soberanía territorial”, afirman.
Las economías ilícitas en los Montes de María
Uno de los factores que ha contribuido a este ciclo de violencia tiene que ver con las economías ilícitas, ligadas al narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, el lavado de activos, el contrabando, la corrupción y la depredación de los bienes públicos.
En el municipio de San Juan Nepomuceno, por ejemplo, se cuentan un total de 14 puntos de expendio de alucinógenos, en San Jacinto 20 y en El Carmen de Bolívar más de 50, incluyendo las cabeceras municipales y algunas zonas rurales.
“Esta actividad ilícita es fuente de violencia ante la disputa del territorio, tal como se corrobora con el escalamiento de muertes, la aparición de pandillas juveniles y los recurrentes panfletos de limpieza social”, señalan.
Esto fue corroborado por personas de la comunidad, que bajo el anonimato, hablaron de esta problemática que parece ir en crecimiento. “Aquí en San Juan y en todos estos pueblos la gente y la Policía sabe dónde están los vendedores de droga que envenenan a nuestros hijos y no pasa nada. Cuando hay baile de picó es peor y hay peleas entre pandillas y vendedores”, relató un poblador.
Otra renta en disputa es la de los pagadiarios. En El Carmen de Bolívar se ha identificado la presencia de operadores que prestan con cuantías mínimas entre $50.000 y $400.000 y las de mayor valor desde $2.000.000.
“Aquí en El Carmen ese negocio del pagadiario es una peste y una necesidad, porque aquí todos necesitamos plata para subsistir. Vienen de Barranquilla, Sincelejo y los de aquí trabajan con ellos y les entregan rutas y clientes. Algunos no piden nada para firmar o fiador, pero si no pagas ya sabes lo que te puede pasar. Ahora mismo hay como pelea entre ellos por clientes, este año van dos cobradores muertos. Esto se está poniendo maluco y la autoridad nada, se hacen la vista gorda”, dijo un habitante.
En San Juan Nepomuceno, por su parte, se identifican 20 motos con dos personas operando en cada vehículo. “Se estima que 6 son de San Juan y el resto provienen de Barranquilla, usando dos modalidades de préstamo: la de menor cuantía con un valor entre $100.000 y $200.000, mientras que en la de mayor valor el capital es de Barranquilla y fluctúa de $2.000.000 en adelante”, resaltan los investigadores.
Finalmente, en San Jacinto, se identifican cuatro prestamistas locales, donde la cuantía del préstamo oscila entre $50.000 y $500.000, así como otras tres personas del interior del país que prestan por encima de $1.000.000.
La reconfiguración de la violencia en los Montes de María
Para los investigadores esta situación muestra una recomposición en la disputa del control territorial ante el crecimiento de las economías ilícitas, lo que aunado a la limitada capacidad de los Planes de Seguridad y Convivencia de los municipios resulta en una fragilidad institucional por parte de los entes territoriales para anticiparse y dar solución a las problemáticas.
Así mismo, trae como consecuencia la sustitución de las responsabilidades estatales que ahora pasan a manos de los grupos ilegales, en detrimento del bien común y el goce efectivo de los derechos humanos.
“Son de resaltar los resultados de la Armada y la Policía en la captura de objetivos de alto valor de los cabecillas del Clan del Golfo durante el primer trimestre, pero se requiere redoblar esfuerzos en capacidad e inteligencia para avanzar en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales”, dijeron.
De igual manera, afirmaron que es necesario que entes territoriales y Nación articulen políticas educativas y de empleo para los jóvenes montemarianos, con miras a frenar el reclutamiento forzado y en ocasiones voluntario por parte de las estructuras criminales.
Finalmente, indicaron que es necesaria la implementación de un programa de salud mental ante los efectos de los ciclos de violencia en la población, situación agravada por el consumo de sustancias psicoactivas.