La suspendida juez del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, María Andrea Navarro González, dejó en libertad a un recluso que se encontraba en la cárcel La Picota de Bogotá, mediante un fallo de tutela con resolución falsa.
El hecho es investigado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba tras descubrir que la juez profirió la resolución cuando tenía ocho días de suspendida, es decir, no tenía funciones como juez.
Además de lo anterior, el número de radicación de la tutela con la que fue dejado en libertad el detenido correspondía al de otra tutela interpuesta a Colpensiones.La historia se descubrió cuando el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, notificó al Juzgado de Puerto Libertador que la orden había sido cumplida y que el recluso Edwin Leonardo Rodríguez León había sido trasladado a una residencia al municipio de Chía, Cundinamarca, donde tendría casa por cárcel.
La notificación fue recibida por la juez encargada, Marcela Kerguelén García, quien reemplaza a Navarro suspendida por haber dejado en libertad a un peligroso miembro de las bandas criminales capturado por la Policía, y esta verificó las fechas de los oficios estableciendo que no correspondían y que el fallo había sido enviado a Bogotá cuando ella estaba suspendida.La Fiscalía de inmediato inició la investigación aduciendo fallo de tutela falso por haber ordenado, sin el lleno de los requisitos y sin tener potestad, la casa por cárcel a Rodríguez León, quien había sido capturado el pasado marzo de 2011 en una operación contra el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y concierto para delinquir.
Con esa investigación asciende a 26 el número de procesos pendientes de la juez.
Como se recordará el primero en denunciarla públicamente fue el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien dijo que esa juez dejaba en libertad a todos los miembros de las bandas criminales que eran capturados por las autoridades.
