Por no iniciar la operación del servicio público de transporte urbano colectivo en el mes de noviembre de 2015, tal como era su obligación, la Alcaldía de Sincelejo a través de su Oficina Jurídica, sancionó con el pago de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalentes a $175 millones, a la empresa Buses de Sincelejo, Sibus SAS.
La Alcaldía adelantaba el proceso administrativo ante el incumplimiento de Sibus, empresa que ganó la licitación para la operación del servicio.
Luis Fernando Romero, jefe de la Oficina Jurídica, dijo que “en el marco del procedimiento sancionatorio se le dio aplicación a la Ley 336 de 1996 que establece la obligación de la autoridad de transporte de preservar el servicio público y en esa medida se prefiere la imposición de una multa por encima de la revocatoria. Lo anterior de conformidad con el parágrafo del artículo 51 de la Ley 336, que es la de transporte. Es una decisión de única instancia y contra esta procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo”.
Aclaró que el pago no está sujeto a la entrada de operación del prestador. Este tiene la obligación de iniciar en 15 días aproximadamente la operación del servicio previa sensibilización del procedimiento de transporte y de ajustarse al plan de mejoramiento y recuperación que ha ordenado la resolución sancionatoria y que se concertará con la Secretaría de Tránsito y Transporte. Este tiene varias facetas.
Reveló que en este momento la empresa no tiene a la fecha la flota suficiente que se consignó en la autorización de la operación, es decir, 85 buses. Sin embargo, de manera transitoria y en aras de garantizar la prestación del servicio se le va a permitir de manera temporal que use 35 buses usados. “Debe la empresa adoptar la decisión si los toma en arriendo o préstamo o los compra.
Lo ideal es que se garantice el servicio público y cumplamos con la licitación. La empresa tiene la obligación de manera gradual de traer esos buses. Esa gradualidad está soportada en un máximo de tres meses. En esos tres meses la empresa debe poner la flota restante, es decir, los 35 buses que hacen falta, que son tipo 6, con una capacidad entre 25 y 30 pasajeros”, manifestó Romero.
La Secretaría de Tránsito y Transporte y la empresa acordarán la fecha de entrada en operación. “Lo importante es decirle a la ciudadanía que va a contar con un servicio de transporte con 50 buses nuevos y 35 usados en aras de darle cumplimiento a los pliegos de la licitación, pero también garantizando que se va a poder prestar en todas las rutas que el municipio tiene habilitadas para el servicio público de transporte. La empresa tiene toda la autonomía de decir con qué buses usados opera. Reiteramos que estamos garantizando la prestación efectiva del servicio con los buses”, explicó el funcionario.
Advirtió que si la empresa no inicia con los buses el Municipio abrirá de nuevo un procedimiento sancionatorio que dará lugar a la revocatoria de rutas y hasta de los permisos y autorización de operación. La empresa se notificó este martes a través de su representante legal y, según la ley, tiene 10 días para interponer recurso de reposición.
