Durante la década de 1980, una sustancia derivada del veneno de una serpiente de cascabel despertó una esperanza inédita entre pacientes con cáncer en Argentina. Presentada como un tratamiento con resultados prometedores, la crotoxina movilizó a médicos, autoridades, científicos y familias, pero con el paso de los meses se convirtió en un caso emblemático sobre los límites de la investigación médica y la importancia del rigor científico.
Liderar desde lo humano también transforma indicadores
Marly Jerez AriasDe acuerdo con una reconstrucción realizada por el diario La Nación, el episodio comenzó el 8 de julio de 1986, cuando tres oncólogos anunciaron en una conferencia de prensa que trabajaban con una sustancia “proveniente de un ofidio, que se aplica en pacientes enfermos de cáncer con buenos resultados”. La noticia generó una enorme repercusión y posicionó por primera vez el nombre de la crotoxina ante la opinión pública.
El principal impulsor de las investigaciones era el médico Juan Carlos Vidal, quien fue presentado durante años como el “descubridor” de la sustancia. Sin embargo, la investigadora del Conicet Natalia Luxardo explicó a La Nación que la crotoxina no había sido descubierta por Vidal, sino que formaba parte de una línea de investigación sobre venenos de serpientes desarrollada desde años atrás en instituciones científicas argentinas.
En ese momento, el equipo médico aseguró que 83 pacientes recibían el tratamiento mediante una preparación administrada por vía intramuscular. Incluso algunos familiares relataron mejoras en la calidad de vida de los enfermos, alimentando las expectativas sobre una posible alternativa contra el cáncer.
¿Por qué la crotoxina nunca fue aprobada como tratamiento contra el cáncer?
El entusiasmo inicial pronto dio paso a la controversia. Según explicó Luxardo a La Nación, el conflicto estalló cuando el Instituto de Neurobiología suspendió el suministro de la sustancia al considerar que las investigaciones no contaban con las autorizaciones ni los protocolos científicos exigidos.
El Conicet y el entonces Ministerio de Salud conformaron comisiones para evaluar la evidencia disponible. Las conclusiones fueron contundentes: “no existen antecedentes documentales que permitan asegurar la eficacia de la droga” y no había fundamentos científicos para continuar administrándola.
Para la investigadora, “se hizo todo mal, metodológica y éticamente”, una afirmación respaldada posteriormente por informes técnicos y decisiones judiciales.
Pese a ello, pacientes y familiares impulsaron marchas, campañas de recolección de firmas, acciones judiciales y reclamos públicos para exigir que continuara el suministro de la crotoxina. Muchos sostenían que detrás de su prohibición existían intereses de grandes laboratorios farmacéuticos.
Aunque por razones “humanísticas, no científicas”, el Ministerio de Salud permitió temporalmente continuar el tratamiento en los pacientes que ya lo recibían, semanas después la cartera sanitaria prohibió definitivamente su uso.
La controversia incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia argentina, que rechazó autorizar el suministro del compuesto al considerar que ninguna investigación en seres humanos puede desarrollarse sin el respaldo de protocolos metodológicos adecuados.
Años más tarde, durante la década de 1990, el Conicet autorizó nuevos ensayos clínicos bajo estrictos controles. Según recordó La Nación, los estudios no lograron demostrar eficacia para tratar tumores y la crotoxina nunca obtuvo aprobación como medicamento oncológico.
Actualmente, la sustancia no figura registrada ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Cuatro décadas después, el caso continúa siendo citado como uno de los ejemplos más representativos de cómo la esperanza de miles de pacientes puede chocar con la necesidad de que cualquier tratamiento médico demuestre su seguridad y eficacia mediante evidencia científica.