Dos integrantes de la Policía Nacional y un particular fueron condenados a más de 40 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro extorsivo de un ciudadano, ocurrido el 14 de junio de 2016 en zona rural del municipio de Yumbo, Valle del Cauca. La decisión judicial se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral.
Los patrulleros Ferney Alonso Castro Caro y José Antonio Sandoval Daza recibieron una pena de 42 años y 6 meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado. Por estos mismos hechos, Yecid Díaz, conocido con los alias de ‘El Indio’ o ‘Jota’, fue condenado a 41 años y 6 meses de cárcel.
Planeación, engaño y cautiverio prolongado
La investigación, liderada por un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, estableció que los uniformados participaron de manera activa en la planeación y ejecución del secuestro.
Castro Caro, junto con otro policía, interceptó a la víctima cuando se movilizaba en un vehículo particular para recoger a su hijo del colegio, lo obligaron a descender y le informaron falsamente que tenía una orden de captura.
Posteriormente, el ciudadano fue entregado a un funcionario del CTI —también vinculado al proceso—, quien lo trasladó en un vehículo oficial hasta una finca. Durante el trayecto fue golpeado, encapuchado e inyectado con una sustancia que lo dejó adormecido.
Alias ‘el Indio’ recibió al secuestrado y lo mantuvo en cautiverio durante dos meses, cambiándolo de lugar en tres ocasiones para evitar su rescate. En paralelo, Sandoval Daza realizó seguimientos previos, participó en reuniones de planeación y contactó a la esposa de la víctima para exigir cinco millones de dólares a cambio de su liberación.
El Gaula Militar rescató a la víctima el 14 de agosto de 2016 en un cambuche ubicado en una vereda del municipio de Dagua. El fallo también impuso a los condenados 20 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas y la prohibición de portar armas, además de ordenar su captura inmediata para cumplir la pena en centros del Inpec.