Un nuevo capítulo del denominado “Cartel de la Hemofilia” abrió ayer la Contraloría General de la República en el departamento de Bolívar.
La entidad, desde su Unidad Anticorrupción, abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la Gobernación de Bolívar, llamando a responder al exgobernador Juan Carlos Gossaín por fungir como ordenador del gasto.
El proceso lo inició al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó pagos en cuantía superior a los $20 mil millones, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde estaban afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento de dicha enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Dice la Contraloría que “sin embargo, obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – Asistegral, por la atención integral de pacientes hemofílicos”.
De todos los pagos efectuados, a la Gobernación solo le correspondía asumir lo correspondiente a las Unidades por Capitación (UPC), como producto de la afiliación de los pacientes al sistema de seguridad social, dentro del régimen subsidiado.
En este nuevo proceso, la Contraloría también llamó a responder a las mencionadas IPS beneficiarias de los pagos y a sus representantes legales.
Asimismo vinculó a la entonces secretaria de Salud Departamental, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada; a la directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez; y al auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera.
Pago irregular en MaganguéLa Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Bolívar abrió otro proceso de responsabilidad fiscal por el pago de más de $2 mil 215 millones a la ESE Hospital la Divina Misericordia, en el municipio de Magangué, por concepto de paquetes integrales de atención a pacientes hemofílicos y con Von Willebrand.
Según el órgano de control, “a pesar de tratarse también de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”, la Secretaría de Salud Departamental pagó el mencionado monto, habiendo debido operar el llamado procedimiento de recobro regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Para la Gerencia Departamental Colegiada, “de haber cumplido el procedimiento previsto para un caso como el descrito, la Gobernación de Bolívar no habría tenido que pagar las altas sumas de dinero que terminó cancelando; y si hubiera tenido que asumir dichos costos, ha debido iniciar los procesos de recobro ante las correspondientes EPS”.
¿Qué dice gossaín?Consultado por El Universal, Juan Carlos Gossaín manifestó que lo anunciado por la Contraloría “es un proceso que lleva más de dos años y en que se han surtido las audiencias de pruebas. La última fue hace un mes en que solicité mi desvinculación del proceso después de hacer descargos. No hay un nuevo proceso ni me están abriendo un juicio fiscal reciente. Es el mismo tema reciclado”.
Cabe recordar que el 10 de agosto de 2017, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los mismos actores, por los mismos hechos. Anunció que en 2013, la Gobernación habría autorizado cerca de $30 mil millones para el pago indebido de servicios médicos y la compra de medicamentos sin los soportes correspondientes para pacientes con hemofilia.
