Este viernes 28 de febrero se realizará una inspección judicial al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela. El arquitecto Wilfredo Arguelles Alarcón será el perito encargado de la misma.
El trámite fue ordenado por el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena como parte de las pruebas dentro de la acción popular instaurada por el Ministerio de Cultura en contra de la Alcaldía de Cartagena y la Promotora Calle 47, responsables del proyecto, por la presunta afectación al Castillo San Felipe de Barajas.
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Se conoció que este viernes una vez se instale la audiencia en el juzgado a las 9 de la mañana, se procederá a realizar la visita al Castillo San Felipe y al lugar en donde se desarrolla el proyecto urbanístico, con el fin de “establecer la existencia y estado actual de la obra y las incidencias y afectaciones que la misma causa sobre el Bien de Interés Cultural (BIC)”.
Lo que viene
Es de aclarar que durante la audiencia de mañana no será emitido ningún fallo, pues luego de la inspección judicial, Arguelles deberá rendir un dictamen de lo observado en el recorrido y posterior a ello, asistirá a una audiencia de pruebas para que los resultados sean controvertidos.
En esta diligencia, que aún no tiene fecha establecida, estarán presentes el accionante y los demandados.
Gilma Usuga, vocera de la Promotora Calle 47, indicó que los constructores ya presentaron en el marco de esta etapa probatoria los resultados del estudio adelantado por la firma de expertos Echeverrimontes, donde se da cuenta que no hay afectación a los Bienes de Interés Cultural, y que el proyecto cuenta con todas las licencias en el marco de las normas urbanísticas vigentes como: el Plan de Ordenamiento Territorial, la circular 10 de diciembre de 2013 de Planeación Distrital que libera la zona de Torices para vivienda de interés social sin límite de altura y la notificación del IPCC adscrito a Mincultura, donde hace constar que la manzana 186 del barrio Torices no hace parte de la zona de influencia del Castillo.
Así van los otros procesos
Además de esta acción popular instaurada por Mincultura, el proyecto enfrenta otro tres procesos judiciales: una acción de nulidad que adelantada la Procuraduría por la presunta ilegalidad de la licencia.
Un proceso policivo proferido por la Inspección de Policía de la Comuna No. 2 por violar las normas urbanísticas. Dentro de esta acción se ordenó el sellamiento de la obra, la restitución de 619,59 metros cuadrados que son considerados espacio público, y el pago de una multa de $156 millones a los constructores.
Frente a ello, Usuga detalló que los constructores solicitaron una nueva licencia de construcción para poder realizar la perfilación, método que plantearon como alternativa de restitución a diferencia de una demolición.
Y un proceso penal que adelanta la Fiscalía contra el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas, el arquitecto Claudio Restrepo y el representante legal de Promotora Calle 47, Lucas Tamayo, por presunto delito de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales.
En el marco de este proceso, el pasado 17 de febrero, el juez Séptimo Penal del Circuito, Domingo García, admitió al Ministerio de Cultura como víctima dentro del proceso penal.
De otra parte, atendiendo al principio de igualdad de armas, el juez decidió que el Distrito, que ostentaba el título de víctima y vocero, pasa a ocupar la figura de suplente, es decir que solo podrá participar del proceso a través del Ministerio de Cultura, y en caso de que uno de los dos intervenga en el proceso, el otro no lo podrá hacer.
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