El mototaxismo en Cartagena encuentra su lugar en una doble necesidad. Primero, la de miles de cartageneros por tener su sustento en medio de una ciudad con pocas oportunidades laborales; y segundo, la de suplir los vacíos de un transporte público con falencias en cobertura y tiempos de espera.
A pesar de esto, el mototaxismo no deja de ser una actividad informal, por lo cual, al utilizarlo, muchos usuarios se exponen al riesgo de no contar con protección en caso de un accidente. Así mismo, los usuarios de motos resultan ser las principales víctimas mortales en siniestros viales.
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Pero en una ciudad en la que solo el 39,6% de sus habitantes según el Dane consume tres comidas al día, y en la que el transporte público es insuficiente, eso poco parece importar.
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De allí partió el descontento de varios ciudadanos con respecto al Decreto 0279, que, por un lado, flexibilizó la medida del pico y placa a las motos en la ciudad, pero por otro, restringió la circulación de parrillero por la avenida Pedro de Heredia.
La decisión provocó una serie de protestas por parte de los mototaxistas, pero el alcalde de Cartagena, William Dau, se mantuvo firme con las nuevas medidas.
“Esto no le va a quitar el pan de la boca a los hijos de la gente que se dedica al mototaxismo. Tendrán que reacomodarse, buscar la manera de complementar lo que está haciendo Transcaribe, con carreras dentro de los barrios. Pero no podemos perjudicar a toda la ciudad por personas que están pasando apuros, los apuros seguirán y tampoco podemos darle empleo a 80 mil personas de la noche a la mañana”, dijo Dau.
El alcalde manifestó ser consciente del hambre, la desigualdad y los demás problemas sociales que hay Cartagena, pero dijo que esto no puede ser motivo para que la ciudad opere “sin ley ni orden”.
El lado económico
El economista Dewin Pérez, investigador del Observatorio del Mercado Laboral de Cartagena, manifestó que el mototaxismo debe interpretarse desde la realidad de pobreza y desigualdad que tiene Cartagena, donde la informalidad laboral es del 62,3%.
“De acuerdo a esto las medidas adoptadas tendrían un impacto muy fuerte en el nivel de vida de estos trabajadores y sus familias, pues podría haber una caída de más de 11 puntos porcentuales en las tasas de ocupación de la ciudad y el desempleo podría incrementarse”, dijo Pérez.
Según el investigador, también debe tenerse en cuenta el aumento en el costo de vida que se presentó este año por cuenta de la inflación, el cual también es motivo de preocupación por parte de estos trabajadores.
“En Cartagena el costo de los alimentos se incrementó en 19,8%, tres veces superior al incremento del costo de vida en la ciudad. Productos de consumo básico entre estos hogares como la yuca o el plátano han aumentado sus precios en 47% y 42%, respectivamente”, afirmó.
En este sentido el miedo radica en que la medida provoque la pérdida de ingresos de estas personas y se deteriore su calidad de vida.
“Cuando se miran las nuevas medidas en el contexto socioconómico, se entiende la enorme preocupación sobre aproximadamente 80 mil trabajadores que tienen en esta actividad el único medio para sobrevivir”, manifestó.
El problema de movilidad
En el contexto de movilidad, Holman Ospina, doctor en ingeniería y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, aseguró que el mototaxismo como medio de transporte cubre una demanda insatisfecha en Cartagena, donde hay muchos barrios que ni siquiera cuentan con rutas formales de transporte.
A esto se suma la mala calidad del servicio público tradicional representado en los buses, busetas y taxis, que incentiva a los usuarios a priorizar el tiempo de viaje y la economía sobre la seguridad y la formalidad.
Esto puede justificar que en la más reciente encuesta del programa Cartagena Cómo Vamos, la mototaxi fuera el medio de transporte público con mayor satisfacción entre los encuestados, a pesar de que la demanda de Transcaribe ha ido aumentando con los años.
Cuestión de seguridad
Para Ospina la restricción de parrillero por la avenida Pedro de Heredia responde al interés de mejorar la seguridad vial. “En la avenida Pedro de Heredia se pueden evitar en promedio 20 fatalidades anuales en motociclistas. Por ello, disminuir el nivel de exposición de los usuarios trae consigo un beneficio en la seguridad vial”, dijo.
De acuerdo con el experto, la restricción de movilidad es parcial, pues existen dos vías alternas para suplir el recorrido: la avenida del Consulado y la Pedro Romero.
“En los registros de Tráfico Promedio Diario Anual, el corredor de la avenida Pedro de Heredia tiene un flujo de entre 20 mil a 37 mil motocicletas. La avenida Pedro Romero ronda en 10.500 motocicletas y la avenida del Consulado en 15 mil motocicletas”, afirmó.
Estos indicadores son el punto de partida para monitorear el funcionamiento de la medida, con el fin de que no se aumente el nivel de exposición en los demás corredores viales de la ciudad. “La avenida del Consulado y la Pedro Romero requieren priorizar inversiones en su infraestructura”, resaltó.
Por último dijo que los mototaxistas ven en la restricción de la avenida Pedro de Heredia una medida que beneficia a Transcaribe, por lo que hay nervisiosimo de que sus usuarios vayan a migrar al Sistema Integrado de Transporte Masivo y afecten sus ingresos.
“El actual decreto es un paso importante para promover el control. Es importante resaltar que este no busca la prohibición sino normatizar el transporte informal en corredores priorizados por sus impactos en la movilidad y seguridad vial”, dijo Ospina.
El siguiente paso
Tanto Ospina como Pérez coincidieron en que se debe realizar un censo para captar información sociodemográfica que permita a las diferentes instituciones implementar programas sociales dirigidos a esta población.
“Esta información permitiría una caracterización completa no solo de las personas que ejercen este oficio sino de la actividad y su papel en la dinámica económica de la ciudad. Se deben contemplar las posibilidades de emprendimiento y programas de reconversión productiva y laboral de los trabajadores”, dijo Pérez.
Para esto se debe contar con el apoyo de autoridades nacionales, fondos de cooperación internacional, aportes de gremios locales, fondos propios del Distrito o un mecanismo de crédito. “Como potencial beneficiario de esta problemática, Transcaribe y sus operadores también deberían ser parte del desarrollo de este programa”, afirmó Pérez.
Y finalizó: “Se requieren políticas publicas bien pensadas y fundamentadas en estudios y análisis rigurosos, contextualizados en nuestras realidades”.