El 2023 fue un año con múltiples decisiones importantes para Cartagena, entre ellas, varias que se tomaron en torno a casos que han ocupado la agenda pública de la ciudad en los últimos años: la disputa por los peajes internos, el polémico edificio Aquarela y el caso de la familia Quiroz.
Cada uno de estos procesos tuvo avances importantes que desencadenaron múltiples reacciones. El Universal le resume lo que pasó.
1. Peajes internos
La disputa por la permanencia de los peajes internos tiene varios años, pero sin duda se agudizó en el 2021 cuando tras una serie de protestas por parte de los cartageneros, la Concesión Vial y el Distrito acordaron levantar las talanqueras de los peajes, eximiendo del cobro a los ciudadanos en los peajes de Manga y Ceballos.
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La medida fue tomada para preservar el orden público mientras cursaba un proceso en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, el cual tendría la última palabra sobre la permanencia de los peajes.
La decisión llegó en mayo de 2023, cuando se determinó que la Tasa Interna de Retorno se había alcanzado en octubre de 2020 y por ende los peajes ya habían cumplido su propósito. Así mismo, se determinó que el Corredor de Carga pasaría a manos de la Alcaldía de Cartagena, sin embargo el proceso no alcanzó a culminarse durante esta administración.
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Si bien hay beneplácito entre algunos sectores por el fin de los peajes, lo cierto es que otros han manifestado su descontento por las deplorables condiciones en las que ha quedado el Corredor de Carga, por lo cual piden celeridad en el proceso de entrega para que el Distrito pueda intervenir.
2. Aquarela
El polémico edificio Aquarela siguió dando de qué hablar en 2023. La decisión más importante se conoció en marzo de 2023, cuando una jueza falló en primera instancia que el edificio debía ser demolido en su totalidad por la afectación que supone para el patrimonio cultural de Cartagena.
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La decisión marcó un precedente porque hasta entonces no se habían emitido órdenes judiciales relacionadas al edificio, solo una medida correctiva emitida por la Inspección de Policía en 2018 donde se determinó que la obra ocupaba 619 m² de espacio público de forma irregular.
El fallo, que proviene de una demanda instaurada por el Ministerio de Cultura, causó múltiples reacciones, especialmente del Distrito de Cartagena y la constructora, pues la jueza ordenó a ambos asumir los costos financieros de la demolición. Cabe anotar que este fallo fue apelado.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que ya se adelantan los trámites para la demolición del edificio, pues en enero fue contratado un estudio para definir el mecanismo más idóneo para demoler la obra. Esta consultoría fue financiada a través de un convenio tripartito entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena.
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3. Caso Quiroz
El caso de la familia Quiroz, señalada de construir varias edificaciones ilegales en la ciudad, también tuvo avances este año. El constructor Wilfran Quiroz Ruiz fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena.
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De acuerdo con esta decisión Quiroz Ruiz deberá pagar una millonaria indemnización por daños materiales y morales causados a 18 familias que invirtieron en estas edificaciones, específicamente en el edificio Portales de Los Caracoles, Portales de Los Caracoles II, Portal de Blas de Lezo y Villa Ana.
El pago por los daños materiales asciende a los $3 mil millones, mientras que el de los daños morales a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.