Una “innovadora” medida se aplicará para embargar plataformas populares como Nequi, Daviplata, Rappi, Nubank, Lulo Bank y Uala, de quienes tenga facturas del servicio de energía pendientes por pagar en algunas ciudades de la Costa Caribe.
Air-e, la empresa líder en la comercialización de energía eléctrica, ha anunciado una estrategia para enfrentar la morosidad en los pagos de sus usuarios. Con el objetivo de mejorar la recaudación y garantizar la continuidad del servicio, Air-e procederá al embargo de billeteras digitales en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, si los clientes incumplen con sus obligaciones financieras. Lea también: Mi Casa Ya: los puntajes ya no serán un requisito, estos son los cambios
Fermín de la Hoz, al frente de la Gerencia de Servicios Jurídicos de Air-e, aclaró que, aunque las billeteras digitales son de uso personal, los saldos disponibles se consideran activos de los usuarios. Por lo tanto, estos pueden ser sujetos a embargos preventivos en situaciones de incumplimiento reiterado, de acuerdo con la ley colombiana.
La implementación de esta estrategia se da en un contexto donde Air-e gestiona activamente más de 1.100 procesos ejecutivos para asegurar la sostenibilidad del servicio eléctrico. “Con las nuevas disposiciones, avanzaremos en los embargos de cuentas en Nubank, permitiendo reunir los recursos necesarios para continuar prestando nuestro servicio de manera eficiente”, explica la compañía.
Ante la preocupación que estas acciones pueden generar entre los consumidores, Air-e también resalta la disponibilidad de planes de financiación flexibles y reafirma su compromiso de usar todos los medios legales disponibles para recuperar los créditos vencidos, limitando los embargos a aquellos usuarios que eviten acuerdos de pago.
También recalcó que es crucial entender que las plataformas de billeteras digitales son reconocidas como entidades financieras en Colombia, y están sujetas a regulaciones específicas sobre embargos y procedimientos cautelares, conforme lo establece el Código General del Proceso.
¿Aplica en Cartagena?
El Universal contactó a la filial de EPM en Cartagena, Afinia. Indicaron que esta medida en Cartagena aún no está siquiera en estudio o contemplación, por tanto, para los usuarios en la ciudad no aplican estos embargos a través de sus billeteras digitales.
“¡Ni hablemos de deudas!”, se les escucha mencionar a algunos cartageneros, a quienes no les convendría que esta medida se implemente. Recientemente se dio a conocer el hecho insólito de una calle en el barrio San José de los Campanos, donde alrededor de seis casas tenían facturas pendientes por pagar que sobrepasaban los $5 millones, y la más grande de todas “la mamá de las facturas”, como le apodaron los vecinos, era un recibo de energía de $30 millones. Lea también: ¡Insólito! Más de $30 millones en una factura de la luz
De acuerdo con la afectada, Betty Vergara, la suma exagerada de dinero que cobra la empresa de energía no responde a su consumo pues en el sector, las últimas casas no contaban con el servicio y los postes y el cableado eléctrico fueron instalados por la misma comunidad.
Las tarifas en la Costa
En un giro esperanzador para los residentes de la región Caribe, el Gobierno ha dado un paso audaz hacia la reducción de las tarifas eléctricas, anunciando medidas que buscan adaptarse a la realidad económica de la zona y asegurar un balance justo para todos los involucrados.
El Ministro de Minas, Andrés Camacho, ha revelado que el Estado asumirá un pasivo significativo, específicamente $7 billones de pesos, que hasta ahora habían recargado las facturas de los consumidores. Esta carga proviene de un subsidio implementado durante la pandemia bajo la denominada “opción tarifaria”, que pretendía estabilizar los precios de la energía.
En departamentos como Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde el costo del kilovatio por hora ha llegado a ser de $226, la estructura tarifaria incluye varios componentes como generación, transmisión, y distribución.
Originada en 2020 a través de la Resolución 058 y ajustada posteriormente por la Creg, la opción tarifaria permitió a las empresas energéticas estabilizar las tarifas durante un periodo económico turbulento. Ahora, con la nueva propuesta gubernamental, se eliminarán los costos asociados a este mecanismo, con el Gobierno asumiendo directamente $2 billones de la deuda total.
Para manejar el saldo restante, se está considerando que las empresas del sector eléctrico —incluidas comercializadoras, distribuidoras y generadoras— refinancien la deuda, extendiendo los plazos de pago y permitiendo así que los usuarios afronten los costos de manera más flexible.
Estas medidas no solo representan un alivio en el bolsillo de los consumidores sino también un compromiso estatal hacia una gestión más equitativa y sostenible del servicio eléctrico en una de las regiones más críticas del país.