Cartagena se convierte en ciudad pionera en el Caribe al poner en marcha la primera Curaduría Pública de la región, un avance histórico en materia urbanística que permitirá a miles de familias acceder a una vivienda digna y a la seguridad jurídica de sus predios.
El proceso arrancó en el barrio Arroz Barato, recientemente legalizado, donde más de 800 familias iniciaron el reconocimiento de sus viviendas, paso fundamental para acceder a subsidios de mejoramiento, servicios públicos formales y estudios técnicos que garanticen la estabilidad de sus edificaciones. Lea: Es oficial: tras firma de decreto, legalizan al barrio Arroz Barato
La Alcaldía de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, lidera esta iniciativa con un equipo técnico y jurídico encargado de realizar los levantamientos casa por casa, de manera gratuita.
“Este trabajo arduo que hoy inicia se llevará a cabo por poco más de dos meses, visitando familia por familia y casa a casa, para garantizar que cada hogar reciba la atención y el acompañamiento necesario en este proceso de reconocimiento”, expresó Emilio Molina, director de Control Urbano. Lea también: Cartagena tendrá una Curaduría Pública; conozca de qué se trata
Funciones principales de la Curaduría Pública en Cartagena
La nueva Curaduría Pública permitirá al Distrito:
- Estudiar, tramitar y expedir licencias de reconocimiento para edificaciones de Viviendas de Interés Social (VIS) ubicadas en asentamientos legalizados, como el barrio Arroz Barato.
- Agilizar los procesos de regularización de viviendas en zonas informales, otorgando a las familias respaldo técnico y jurídico.
- Prestar asistencia gratuita en levantamientos técnicos y en la expedición de licencias de construcción en predios legalizados.
- Facilitar el acceso a servicios públicos formales, subsidios de mejoramiento de vivienda y seguridad jurídica sobre la titularidad de los predios.
En una ciudad donde muchas viviendas han sido construidas sin permisos, esta medida representa una solución concreta para facilitar el reconocimiento formal de esas edificaciones. Con el respaldo técnico y jurídico de la nueva curaduría, los ciudadanos podrán regularizar sus propiedades, acceder a servicios, postular a subsidios y contar con mayor seguridad jurídica”.
Emilio Molina, director de Control Urbano.