La Fiscalía 20 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena se pronunció a favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el caso que se investiga desde hace más de una década por la apropiación indebida de predios de la Nación.
La denuncia había sido presentada en 2012 por la Superintendencia de Notariado y Registro, que tras una intervención preventiva a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, alertó de inconsistencias registrales en las actualizaciones de las áreas de varios inmuebles.
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En el proceso se pudo comprobar que la apropiación de los terrenos de la Aerocivil, en el sector Cielo Mar, se dio mediante documentos falsos que declararon aclaraciones de linderos, divisiones materiales y fenómenos de accesión sin soporte judicial, por lo cual, la Fiscalía ordenó el restablecimiento del derecho en favor de la Nación.
Así mismo, la entidad ordenó la cancelación de los títulos y registros inscritos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena respecto de más de 400 folios de matrícula inmobiliaria, “por tener su origen en títulos materialmente falsos”, según se lee en la decisión.
De igual forma, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena que, una vez ejecutoriada la decisión, verifique si sobre los folios objeto de cancelación existen procesos judiciales o administrativos en curso, y que, de ser así, ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presente medida.
¿Cuál es el alcance de la decisión de la Fiscalía en Cartagena?
La Fiscalía aclaró que la decisión se limita exclusivamente a la cancelación de los registros inmobiliarios, catastrales y a los títulos obtenidos fraudulentamente, por lo que “no define ni afecta situaciones de posesión material”. De acuerdo con la entidad, estas deberán ser resueltas “ante las autoridades administrativas o judiciales competentes, quedando la parte civil y los terceros eventualmente afectados en libertad de acudir a las instancias correspondientes”.
Contra la decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y de apelación, por lo cual la entidad precisó que las órdenes impartidas quedarán en firme una vez la providencia se encuentre debidamente ejecutoriada.
“No puede perderse de vista que, si bien esta decisión tiene como finalidad exclusiva restablecer el orden jurídico vulnerado y proteger el patrimonio público, sus efectos trascienden el plano estrictamente jurídico y generan una complejidad social innegable, en tanto la cancelación de tales registros podría incidir en la situación jurídica, económica y social de numerosas familias y terceros que, independientemente de la buena o mala fe con que hayan actuado, se encuentran actualmente vinculados a dichos bienes”, expresó la entidad.
La Fiscalía advirtió que la ejecución inmediata de la decisión, sin que haya alcanzado firmeza podría comprometer principios como del debido proceso, la seguridad jurídica, la confianza legítima y el acceso efectivo a mecanismos de defensa judicial.
Así fue el caso de la apropiación de los terrenos de la Aerocivil en Cartagena
En la denuncia de la Superintendencia de Notariado y Registro se alertó la existencia de dos casos concretos, correspondientes a los folios de matrícula 060-127245 y 060-61950, ambos en el sector Cielo Mar, en la zona norte de Cartagena.
En el caso del folio 060-127245 se alertó un incremento irregular de área de 2.223 m² a 135.904 m² (más de 13 hectáreas), mediante la Escritura Pública No. 340 del 22 de febrero de 1994; mientras que el folio 060-61950 pasó de 900 m² a 43.000 m² mediante la Escritura Pública No. 1973 del 24 de septiembre de 1984.
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En 2013, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil fue admitida como parte civil dentro de la investigación, solicitando el restablecimiento del derecho a su favor tras advertir que como consecuencia de los folios de matrícula en cuestión se habían inscrito títulos de propiedad privada sobre terrenos que pertenecen a la terminal aérea.
A pesar de que la denuncia se produjo hace varios años, la investigación tomó fuerza en abril de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el cual le dio un plazo específico a la Fiscalía para pronunciarse de fondo, al advertir la grave afectación al patrimonio de la Nación por la apropiación ilícita de los predios.
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Ahora, la Fiscalía ha ratificado la existencia de las irregularidades que fueron reportadas al comprobar la falsedad de los documentos que fueron usados para incrementar el área de los folios de matrícula.
“Se demostró que los documentos origen de tales incrementos de área son contrarios a la verdad y que, a partir de su inscripción, se logró inducir en error a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, la cual extendió publicidad registral a favor de particulares sobre terrenos que no correspondían a la realidad física ni jurídica, dando lugar a la apertura de un número considerable de folios de matrícula inmobiliaria cuyo origen es ilícito”, dice el documento.
La Fiscalía acotó que algunos folios de matrícula involucrados se encuentran a nombre de personas naturales y jurídicas que alegan haber adquirido de buena fe, pero indicó que conforme a la investigación realizada están sobre predios que pertenecen a la Aerocivil.
“La inspección judicial practicada el 23 de septiembre de 2025, junto con los ejercicios técnicos adelantados por los funcionarios competentes, permitió concluir que varios de los predios derivados de dichos folios se superponen de material y jurídicamente sobre terrenos que pertenecen a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, cuyos títulos presentan origen y tradición plenamente lícitos”, indicó la entidad.
Fiscalía compulsa copias por presuntos delitos en Cartagena
En el documento, la Fiscalía también puso de manifiesto algunos hechos que salieron a relucir dentro del proceso que podrían revestir de carácter penal, por lo cual compulsó copias a la autoridad competente para su investigación.
Uno de ellos tiene que ver con una presunta urbanización ilegal y daños a los recursos naturales, por ocupaciones indebidas, construcciones no autorizadas y usos del suelo incompatibles con la normatividad ambiental vigente en el área de influencia de la Ciénaga de la Virgen.
“Estas construcciones se encuentran habitadas por personas naturales, configurándose como un hecho notorio la ocupación, invasión y edificación indebida en áreas ambientalmente protegidas, fenómeno que, de acuerdo con la información recaudada se ha venido presentando de manera sostenida durante las últimas décadas”, dice el documento.
Además, se advirtió de la posible comisión de conductas penalmente relevantes atribuibles a servidores públicos en entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y la Curaduría Urbana No. 1 conforme al material probatorio allegado en la investigación.