Luego de varios días de audiencias, la Ley actuó en contra de tres rectores, una exsecretaria de Educación y dos profesores, quienes son señalados de participar en un entramado de corrupción en colegios públicos de Cartagena. Lea: Exsecretaria de Educación, ficha en presunto entramado de corrupción
En la tarde de ayer un juez de Garantías aseguró con cárcel a Juan Carlos Castillo, exrector de la Institución Educativa de Bayunca; Remberto Navas Moreno, rector de la Institución Educativa San Felipe Neri (en Olaya); y Robinson Orozco, quien fue rector de la Institución Educativa Luis Carlos Galán (en El Pozón).
A estos tres les imputaron los delitos de peculado, contrato sin el cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documentos.
Por esto mismo casi fueron aseguradas otras cuatro personas, entre ellas Hernando Vargas, a quien también aseguraron con cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado y falsedad en documentos.
Las otras tres personas aseguradas son Ubiter Álvarez Padilla, exsecretaria de Educación del municipio de Villanueva, y las profesoras Luz Emilia Montalvo Castellano y Enoelia García Flórez, quienes también harían parte de este entramado. A estas mujeres las aseguraron con detención domiciliaria tras ser imputadas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les imputaron y ahora vendrá un largo proceso que terminará en un juicio oral.
La Fiscalía señaló que la investigación contra estas personas se originó por una compulsa de copias de la Contraloría Distrital de Cartagena al encontrar durante el periodo de pandemia por el COVID-19, entre el 2020 y el 2021, unas presuntas irregularidades en la celebración de 20 contratos que realizaron los académicos para vincular a Vargas Morales, quien no era abogado, y a los demás contratistas con un detrimento patrimonial de más de 500 millones de pesos.
“Labores de policía judicial lograron establecer que ninguno de los procesos contractuales, que tenían como objeto elaborar cartillas y material pedagógico, diseñar manuales de contratación y funcionamiento de colegios y realizar asesorías jurídicas, entre otros, cumplieron con los requisitos legales establecidos, ni tampoco contaron con los soportes de ejecución que sustentaran el cumplimiento de los mismos. Se determinó, igualmente, que las instituciones de educación celebraron contratos con una empresa de mantenimiento, donde el falso jurista era el representante legal para mejorar las instalaciones, obras que no fueron realizadas y que afectaron el patrimonio de los recursos públicos que benefician la educación de niños y niñas de sectores vulnerables de Cartagena”, indicó la Fiscalía.
De igual forma, el ente acusador señaló: “La Fiscalía encontró que se omitió, al parecer, por parte de los rectores, la aprobación y aval del consejo directivo para la selección de los contratistas y que presumiblemente aceptaron documentación falsa, como el diploma profesional del abogado, Cámaras de Comercio de la compañía de mantenimiento y las acreditaciones de experiencias, entre otros, para realizar las contrataciones. Así mismo, se identificaron fraccionamientos en dichos contratos que no sobrepasaban la cuantía de 20 salarios mínimos legales para que se permitiera la modalidad de contratación directa, evadiendo la de selección adecuada”.