Cartagena


Corredor Portuario enfrenta a administración Dau con KMA Construcciones

El Distrito y KMA reaccionaron a admisión de demanda de juez a favor de la Alcaldía.

Amaury Castellar Matoso

25 de noviembre de 2021 12:00 AM

A mediados de diciembre del 2019, el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, firmó a nombre del Distrito una Alianza Público Privada (APP) que da luz verde a la construcción del Corredor Portuario y Turístico, que contempla la Quinta Avenida de Manga. Sin embargo, este proceso ha motivado un sinfín de acciones legales que mantienen enfrentados al Distrito y a la empresa KMA Construcciones (firma encargada del megaproyecto), ya que el alcalde William Dau se opone a su ejecución. (Lea: La decisión de un juzgado en torno a nuevos peajes para Cartagena)

La nueva controversia surgió el martes 24 de noviembre, cuando el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena revocó la decisión proferida el 16 de noviembre del 2021, mediante la cual no admitía la demanda de acción popular interpuesta por el Distrito contra KMA Construcciones S.A.S y KMA Concesiones S.A.S., y, en su lugar, mediante auto del 22 de noviembre procedió a admitir la demanda, acogiendo los argumentos expuestos por la defensa del ente territorial en el recurso de reposición presentado por la Oficina Asesora Jurídica.

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El director jurídico de KMA Construcciones, Sebastián Giraldo, se refirió a esta nueva polémica, señalando que ya recibieron el auto admisorio. “Recibimos un correo por parte del despacho (Juzgado Octavo), donde nos comparten el auto de la demanda de acción popular formulada por el Distrito contra KMA Construcciones. Estamos estudiando con estricto rigor las disposiciones procedimentales y una vez corra el plazo de la notificación (son 10 días) ejercer nuestro derecho a la defensa”, dijo. (Consulte además: Inadmiten demanda del Distrito contra KMA por caso Corredor Portuario)

Para este nuevo capítulo ya se preparan acciones jurídicas, que hacen recordar la prolongada disputa de la Alcaldía contra la Promotora Calle 47 S.A.S para la demolición del edificio Aquarela. “Queremos ser concretos en esa contestación, analizaremos el tema de forma y fondo. Evaluaremos si existe viabilidad o algún tipo de procebilidad; esto significa que existen otros procesos, como una acción de nulidad, reparación directa, entre otros”, concluyó Giraldo.

Alcaldía responde

Desde el Distrito aclararon que inicialmente la demanda del 16 de noviembre la habían negado porque supuestamente la Alcaldía no cumplió con el requisito de hacer una reclamación a KMA antes de presentar la demanda. Por eso la entidad territorial presentó un recurso de reposición. Tras esa revisión, el juez aclara que KMA sí ha tenido conocimiento previo de la inconformidad de la Alcaldía frente a la suscripción del contrato y aun así no ha atendido las reclamaciones.

En el auto se indica: “Los accionados tienen conocimiento de la acción popular desde el 31 de mayo del 2021, cuando la misma parte accionante, en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 806 del 2020 y el artículo 35 de la Ley 2080 del 2021, les envió copia de esta demanda (...). Además, en demanda de reparación directa formulada por KMA Construcciones contra el Distrito, la cual cursa en el Tribunal Administrativo de Bolívar. En el escrito de demanda se dijo: ‘Y como si fuera poco, fuimos informados por correo electrónico de 31 de mayo del 2021, que el Distrito de Cartagena, mediante apoderado judicial, formuló acción popular en contra de KMA’”. (También le puede interesar: Director de la Andje revisará concepto sobre la APP Corredor Portuario)

El juez continúa explicando: “La entidad accionada en esta acción popular sí ha tenido conocimiento previo de la inconformidad del Distrito frente a la suscripción del contrato que le fue adjudicado mediante Resolución 9217 del 16 de diciembre del 2019, y, no obstante, no ha atendido las reclamaciones y mucho menos ha adoptado las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses colectivos violentados”.

Además, el togado reconoce que existe un peligro inminente que puede amenazar o vulnerar los derechos colectivos de la población cartagenera.

En el auto admisorio señala: “Revisados nuevamente los fundamentos de hecho y de derecho de la presente demanda, advierte el despacho que en efecto existe un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable contra los derechos colectivos de la ciudadanía cartagenera, pues, según la Resolución de adjudicación 9217 del 16 de diciembre del 2019, el valor del contrato resultante de la asociación público-privada de iniciativa privada ‘Corredor Portuario de Cartagena’, tendrá un costo de $1.992.840.799.194”.

Las obras del megaproyecto Corredor Portuario debían empezar este año. Sin embargo, la desaprobación del alcalde William Dau radica en que esta obra obligaría a los cartageneros a pagar peajes por 30 años más, aunque KMA ha señalado que han presentado modificaciones al proyecto en lo referente a los peajes que se instalarán. No obstante, desde el Distrito indican que todas las modificaciones y alternativas del proyecto que han sido presentadas por KMA, las cuales incluso fueron socializadas ante la misma Cámara de Comercio, incluyen la instalación de nuevos peajes que serían cobrados a los ciudadanos.

Sobre el contrato

La administración Dau reiteró que dentro de las propuestas del consorcio están las variaciones en las tarifas en los peajes que serían instalados, sin embargo, el planteamiento consiste en “bajarle el costo a los ‘retenes vehiculares’ en unos sectores específicos, y dejar cifras sumamente altas en otros”, señalaron desde la Alcaldía. Esta oposición al proyecto ha hecho que el consorcio presente reclamaciones económicas relacionadas con inversiones en estudio.

Por lo pronto, el Distrito procederá a cumplir al auto del 22 de noviembre, el cual ordena notificar a la comunidad sobre la admisión de la acción popular.

Es de resaltar que, en la acción popular, la Alcaldía advierte enfáticamente que el contrato de concesión que fue adjudicado a KMA por la administración de turno en el 2019, a través de la Resolución 9217 del 16 de diciembre del 2019, vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general. Por tal, solicita que se adopten medidas legales contractuales, administrativas, financieras y técnicas para prevenir la vulneración de estos derechos.

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