“En enero del 2020, hace cuatro años, emitimos la Alerta Temprana 002 y a pesar de las advertencias hechas por nuestra entidad desde esa época, en Cartagena de Indias continúan y aumentaron la violencia, las amenazas, los asesinatos y los crímenes contra los ciudadanos. Desde la institucionalidad no se adoptaron medidas para evitar el escalamiento de este conflicto advertido, mientras tanto, pasa el tiempo y no se le pone freno a la difícil situación”. Lea: “Hoy Cartagena es una ciudad peligrosa”: fiscal Barbosa
Esas fueron las palabras del defensor de Pueblo, Carlos Camargo durante un consejo de seguridad realizado en la capital bolivarense. En el encuentro con autoridades civiles, de policía y militares, el Defensor del Pueblo fue enfático en reiterar que las dinámicas violentas se mantienen, mientras pobladores y líderes están en la mitad de amenazas y homicidios. También le puede interesar: Gobernación le pide apoyo a la Fiscalía para fortalecer la investigación
Por ejemplo, según la Policía Nacional, el año pasado fueron asesinadas 295 personas por disputas entre grupos armados ilegales que quieren controlar este importante Distrito, así como Turbaco y Arjona. Para el 2022 fueron 279 los homicidios.
“La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es la principal amenaza de los derechos humanos de los pobladores, quienes, afectados por la dinámica criminal de este grupo y la vulnerabilidad social, se han visto expuestos a las consecuencias de posibles alianzas o disputas con otros grupos armados parte del conflicto, como Los Pachenca, el Bloque Costeño, e incluso con grupos de delincuencia organizada”, explicó el Defensor del Pueblo.
Precisamente, en la Alerta Temprana 002 se avisó a las autoridades acerca de tres situaciones que se estaban gestando: primera, una disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Pachenca por el control territorial de puntos y rutas de embarque y exportación de economías ilegales en Cartagena; segunda, posibles disputas o alianzas entre las AGC con otros grupos armados ilegales en proceso de conformación y consolidación para mantener el control territorial; tercera, la conformación de grupos de seguridad privada o ‘ejércitos privados’ que estarían actuando a manera de agentes de vigilancia de terrenos y que funcionarían como fuerzas ‘antirrestitución’ o ‘antiinvasión’ de tierra.
Los hechos fueron puestos en conocimiento por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat); adicionalmente, ha enviado 11 oficios de consumación de riesgos advertidos en la Alerta Temprana 002 al Ministerio del Interior.
Además de los asesinatos, también se han presentado delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, afectando a mujeres venezolanas en condición irregular y a población infantil (niñas), y prostitución y utilización de población infantil para la mendicidad ajena.
De igual forma, tanto en los Montes de María como en Cartagena, Turbaco y Arjona están en gran riesgo la población campesina y étnica, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres de la subregión, quienes además sufren afectaciones diferenciales por la desigualdad estructural, el racismo y las deudas sociales históricas.