El pasado jueves 8 de septiembre el presidente de la República, Gustavo Petro, visitó el municipio de Santa Lucía (Atlántico) para dialogar con las comunidades sobre el macroproyecto del canal del Dique, que beneficiará a los habitantes de ese departamento, Bolívar y Sucre. (Lea: Habitantes de la bahía de Cartagena podrían financiar obras del Canal del Dique)
En el encuentro el mandatario de los colombianos aseguró que se debían tomar acciones inmediatas sobre el canal por el riesgo de inundaciones que tienen varios municipios, por lo que contempló la reubicación de algunos de sus habitantes. Sin embargo, la propuesta relacionada a la financiación del macroproyecto fue la que produjo incertidumbre en el norte de Bolívar. (También le puede interesar: Ordenan la suspensión de APP del canal del Dique, ¿Qué dice el gobierno de Petro?)
“La parte más beneficiada de este proyecto, por su propiedad sobre la tierra, puede ayudarnos a financiarlo y no les pedimos dinero, solo les pedimos lo que equivale en tierras para construir más justicia social desde el punto de vista de la economía en todo el canal del Dique”, dijo Petro, refiriéndose a los habitantes de la bahía de Cartagena.
Y añadió: “Aquí abrimos otra discusión, la obra de ingeniería valga $3 billones o $4 billones es una obra que se puede cobrar con valorización y los concesionarios de las Islas del Rosario, los habitantes de la bahía de Cartagena y los grandes poseedores de tierras, a lo largo del canal del Dique, están invitados, porque se benefician, porque ganan al ayudarnos a financiar esta obra que es necesaria”.
Las declaraciones del burgomaestre se dan en medio de las reuniones que adelanta el Gobierno nacional con las comunidades del Dique, que piden mayor participación en el proyecto y tras la suspensión de la audiencia de adjudicación de las obras.
Después de las afirmaciones del presidente Petro surgieron dudas sobre el futuro de la Asociación Público Privada (APP). “La propuesta del presidente Petro es que los cartageneros deben financiar las obras del Dique, de ser así, los barranquilleros deben pagar el dragado del canal, los antioqueños y bogotanos deben pagar su metro, etc.”, cuestionó Ramón Del Castillo, habitante de Bocala.
Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande, también mostró su preocupación por las afirmaciones del mandatario. “Estamos preocupados porque esa propuesta sería iniciar de nuevo el proceso del canal del Dique, que con el anterior gobierno se pudo adelantar. Considero absurdo que sean los habitantes alrededor de la bahía quienes tengan que pagar las obras”, dijo.
Rico aseguró que la propuesta del mandatario cambiaría el esquema de APP y pasaría a ser una obra del Estado. “Quedan más preguntas que respuestas por su discurso en Santa Lucía. Aplaudimos las reuniones con las comunidades pero no compartimos su propuesta de financiación”, puntualizó.
El diputado del Partido Conservador, Miguel Cuéter también señaló que la propuesta retrasaría la ejecución de las obras. “Esto indicaría que el proyecto sufrirá retrasos y que su adjudicación se diluiría en el tiempo, por lo que se perdería la financiación aprobada por vigencias futuras del departamento de Bolívar, del Distrito de Cartagena y el CONPES nacional”, manifestó.
Por otro lado, los representantes de las comunidades afrodescendientes apoyaron la propuesta del mandatario. “Me encantó muchísimo cuando el presidente habló de justicia económica y dijo que por medio de valorización era que se iba a cobrar el proyecto. Se refirió específicamente a los dueños de tierras y me parece bien”, dijo Wilman Herrera, líder de la comunidad de Caño de Loro, en Tierrabomba.
Actualmente el único proponente para las obras del canal del Dique es la firma española Sacyr.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó la suspensión del proceso de adjudicación de la APP del canal del Dique para amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y consulta previa de las comunidades negras.
En la tutela que fue interpuesta por Adil Meléndez, vocero de las comunidades del Dique, el juez resolvió admitir la solicitud promovida por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo en contra del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).