Durante más de un siglo, el país padeció una onerosa miopía andina. A pesar de contar con costas sobre dos océanos y un vasto dominio insular, el país vivió históricamente de espaldas al mar, pagando esa desidia con pérdidas territoriales sucesivas en estrados internacionales.
El anuncio del Ejecutivo sobre la expedición del decreto de líneas de base rectas y el trazado de cartas náuticas oficiales para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina marca un salto cualitativo de firmeza diplomática que rompe con la apatía del pasado y sitúa la defensa de nuestros espacios marítimos en el centro de la agenda nacional.
Esta decisión no se percibe como un mero acto simbólico sobre la cubierta de un buque de la Armada. Trazar líneas de base rectas con estricto apego al Derecho Internacional del Mar (Convemar) tiene un alcance jurídico transformador: convierte las superficies marinas encerradas por dentro de estas coordenadas en aguas interiores.
Bajo este régimen, el Estado colombiano ejerce soberanía plena e incondicional sobre el espacio aéreo, lecho, subsuelo y recursos marinos, eliminando el derecho de ‘paso inocente’ no autorizado para buques extranjeros. Esta precisión astronómica y geométrica consolida al archipiélago como una unidad geográfica e histórica continua, cerrando vacíos de interpretación y blindando nuestro patrimonio insular tras los complejos fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto al litigio con Nicaragua.
Pero la soberanía moderna no se agota en la delimitación cartográfica ni en el patrullaje naval; se legitima en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades y en la salvaguardia de sus ecosistemas. Integrar este trazado con una ambiciosa estrategia para convertir a San Andrés en un centro logístico y naviero del Caribe, mediante decisiones como la anunciada simplificación digital del Registro Único Colombiano de Naves y la modernización portuaria propuestas por el presidente De La Espriella, atiende un reclamo histórico frente al aislamiento insular.
Paralelamente, la unificación del territorio marino fortalecerá la gobernanza ambiental sobre la Reserva de la Biosfera Seaflower, otorgando a la Armada, la Dimar y Coralina la potestad incondicional para combatir la pesca ilegal transnacional, regular rutas de navegación seguras y proteger los caladeros ancestrales de la población raizal.
Superar la desconexión centralista exige constancia estatal y compromiso de largo plazo. Medir, cartografiar y publicar lo que nos pertenece es camino prudente para garantizar que los mares y arrecifes permanezcan bajo la custodia de la Nación.
Colombia finalmente empieza a mirar de frente al mar; es momento de consolidar esta visión como una verdadera política de Estado que no vuelva a ceder jamás un solo milímetro en el mapa ni en la historia.