Un juzgado de la ciudad de Pasto (Nariño) profirió la primera sentencia relacionada con las demandas presentadas en contra del Estado por parte de quiénes cayeron como víctimas de captadoras ilegales de dinero o pirámides.
El fallo se constituye en un precedente jurídico pues indicó que el Estado no puede ser responsable de las actuaciones negligentes de las personas que estructuraron negocios con captadoras, conociendo los altos intereses ofrecidos, lo cual resultaba sospechoso.
Así lo determinó el juzgado al darle la razón a la Superintendencia Financiera en un proceso de primera instancia que le ahorró a la Nación el pago de más de 600 millones de pesos.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado espera que este fallo sirva como base para las otras 339 demandas de reparación directa que cursan contra la Nación por este tema, sin contar 58 acciones de grupo, que sumadas le pueden llegar a costar al Estado 43 billones de pesos.
“El Estado únicamente cuenta con la capacidad regulatoria y sancionatoria respecto de las actividades económicas y comerciales que los particulares practiquen, pero ello no es extrapolable al punto de que pueda intervenir impidiendo o delimitando la voluntad particular en las actuaciones y negocios jurídicos de orden privado que celebren los ciudadanos, tal como deviene de la libre voluntad negocial de los particulares, consagrada en el Código Civil y en el Código de Comercio”, dice el fallo.
En estos casos, la agencia y las entidades demandadas han sostenido que no cabe responsabilidad alguna del Estado frente al tema de captadoras ilegales, puesto que no existe prueba de daño y se presenta una culpa evidente de las víctimas que aceptaron voluntariamente hacer dicho negocio.
