El caso de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales dentro del propio gobierno colombiano escaló luego de que el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentara lo que él considera evidencia de que su dispositivo móvil fue infiltrado con el software espía Pegasus.
La información fue reportada este martes por El Tiempo en una investigación de Unidad Investigativa, en la que se detalla que una compañía internacional especializada en análisis forense confirmó la presencia de Pegasus en el teléfono del funcionario. Según los documentos entregados por Idárraga al diario, la infección habría ocurrido al menos desde agosto de 2025.
Qué es Pegasus y cómo se detectó
Pegasus es un software de vigilancia altamente sofisticado, desarrollado para infiltrar dispositivos móviles y acceder de forma remota a datos, mensajes, cámara y micrófono del equipo. El sistema ha sido foco de múltiples investigaciones globales por su uso en espionaje contra políticos, activistas y periodistas.
De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, el hallazgo en el iPhone del ministro se produjo tras un análisis forense encargado por el propio Idárraga, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara previamente que su teléfono también había sido objeto de espionaje similar.
Señalamientos dentro del gobierno
Andrés Idárraga sostuvo que hay indicios claros de que su dispositivo fue contaminado con Pegasus, y que ahora busca esclarecer si estas intervenciones fueron autorizadas o si se trata de acciones ilegales. Los documentos analizados señalan que el software podría haber instalado componentes maliciosos en su teléfono desde poco después de agosto del año pasado.
Este señalamiento se da en un contexto en el que se han generado debates públicos sobre la seguridad de las comunicaciones oficiales, precisamente porque incrementan la percepción de vulnerabilidad de altos funcionarios.
Idárraga ha señalado la falta de claridad sobre quiénes tendrían acceso o control del software en uso, y ha insistido en que se requiere una investigación profunda para no dejar dudas sobre la integridad de las comunicaciones del Estado.
Repercusiones políticas y de seguridad
El caso ha generado preocupación en distintos sectores, pues de confirmarse la interceptación ilegal de teléfonos de altos funcionarios, ello podría constituir un problema de seguridad nacional y abrir la puerta a consecuencias legales y jurídicas para los responsables.
Expertos en ciberseguridad han señalado que la presencia de Pegasus en dispositivos estatales podría exponer estrategias y comunicaciones sensibles, lo que eleva la alerta entre funcionarios y organismos de inteligencia. La investigación también plantea interrogantes sobre la adquisición y manejo de este tipo de herramientas de vigilancia en entidades estatales.
¿Qué sigue?
El gobierno ha manifestado en el pasado su rechazo a interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas, pero en este caso la situación adquiere mayor complejidad por involucrar directamente a miembros del mismo gabinete.