La Contraloría General de la República volvió a encender sus alertas frente al futuro del proyecto de restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, tras advertir que una decisión adoptada por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, podría derivar en un grave daño fiscal para el Estado.
El organismo de control cuestionó el recorte aplicado de manera unilateral a los recursos comprometidos para 2025 y advirtió que la medida no solo contradice normas vigentes, sino que también pone en riesgo la estabilidad contractual de una de las iniciativas ambientales y de infraestructura más importantes del Caribe colombiano. Lea: Ernesto Samper critica recorte al presupuesto del Canal del Dique y alerta posibles demandas
El ajuste presupuestal quedó formalizado mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 y redujo en $636.850 millones la vigencia futura correspondiente a 2025, lo que equivale al 83,61 % del valor total pactado para ese año. Para la Contraloría, esta decisión resulta especialmente problemática porque fue adoptada apenas dos días después de la expedición del Decreto 1472 de 2025 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), norma que estableció lineamientos precisos para la reprogramación de vigencias futuras en proyectos estructurados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).
En una comunicación enviada a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, el ente de control recordó que ya había advertido sobre estos riesgos en oficios emitidos en 2024 y 2025.
En uno de esos pronunciamientos fue enfático al señalar que “en case de que se presenten eventuates incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nacion y/o la ANI, ello implicarla la asuncion de las consecuencias de Indole contractual, fiscal, dlsclpllnarla y/o penal que correspondan”.
Riesgos contractuales y posibles demandas
La Contraloría subrayó que los contratos de concesión vigentes no contemplan la posibilidad de condicionar el desembolso de vigencias futuras al estado de avance del proyecto. En ese sentido, reiteró que “los contratos de concesion vigentes no tienen previsto condicionar el aporte de las vigencias futuras pactadas al estado y/o avance del proyecto”, por lo que la decisión adoptada por el Ejecutivo podría configurar un incumplimiento contractual.
El organismo también advirtió que, si el Gobierno decide no aportar los recursos comprometidos o destinarlos a otros fines, “ello podria implicar que la Nacion y la ANI tendrlan que reconocer al concesionario intereses remuneratorios y/o moratorios”, además de abrir la puerta a eventuales reclamaciones judiciales contra el Estado.
De acuerdo con la información conocida por la Contraloría, al cierre de 2025 el proyecto contaba con recursos por $225.438 millones en su patrimonio autónomo y ya se habían cubierto pagos correspondientes a la Unidad Funcional Cero. Sin embargo, el ente de control señaló que la existencia de esos recursos no justifica la modificación unilateral de las condiciones contractuales previamente pactadas.
A estas advertencias técnicas se sumaron voces desde la región. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta en X y alertó sobre las posibles consecuencias sociales y económicas del recorte.
“Vienen jugando con el futuro de nuestra región, la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a nuestras poblaciones ribereñas. Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, escribió el mandatario departamental.
Advertencia por impacto fiscal y plazos críticos
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Contraloría es el impacto fiscal que podría generar el recorte si no se corrige de manera oportuna. Según el ente de control, la medida podría derivar en el pago de intereses moratorios y remuneratorios, con fechas límite claramente establecidas. En el comunicado oficial se advierte que estos intereses se generarían si la decisión “no es subsanada antes del 2 de mayo de 2026” en el primer caso y “antes del febrero 16 de 2026” en el segundo.
Además del impacto financiero, la Contraloría alertó sobre una posible afectación a la confianza necesaria para que el concesionario logre el cierre financiero del contrato. Incluso, advirtió que, si el incumplimiento se mantiene o se amplía, podría configurarse una causal de terminación anticipada del proyecto, materializando riesgos ya identificados en advertencias previas.
Aunque el ente de control reconoció que es legítimo buscar una mejor optimización de los recursos públicos, insistió en que cualquier modificación debía realizarse mediante acuerdos formales con el concesionario y con el cumplimiento estricto de los procedimientos legales.
En ese sentido, reiteró su llamado a las entidades del Gobierno nacional para que revisen la decisión adoptada y evalúen las consecuencias fiscales, contractuales y jurídicas que podrían derivarse de mantener el recorte en los términos actuales.