Desde este miércoles 4 de febrero, el sector de las telecomunicaciones en Colombia entra en una nueva etapa con la toma de control operativo de Movistar por parte de Tigo. Aunque el anuncio ha generado inquietud entre millones de usuarios, las compañías han sido claras en un punto clave: no se trata de una fusión inmediata ni de una migración automática de clientes.
Lo que comienza es un proceso de transición administrativa y operativa. Movistar seguirá operando bajo su marca, con su portafolio de servicios vigente, mientras que Tigo asumirá decisiones estratégicas, técnicas y administrativas. En la práctica, Movistar deja de actuar como una empresa completamente autónoma, pero continúa de cara al público sin cambios visibles. Lee también: Dan luz verde para integración de Tigo y Movistar: SIC autorizó la unión.
¿Qué pasará con los clientes de Movistar tras la toma de control?
Para los usuarios, el mensaje es claro: no deben realizar ningún trámite ni esperar modificaciones inmediatas en sus servicios. Los clientes seguirán siendo usuarios de Movistar y conservarán las mismas condiciones contractuales que tenían antes del inicio del proceso.
Esto incluye planes, precios, promociones y contratos vigentes, los cuales no serán modificados de manera unilateral. Además, la facturación, los métodos de pago y los canales de atención continuarán funcionando con normalidad. Los servicios móviles, de internet fijo y televisión se prestarán sin interrupciones.
Cambios internos y venta de acciones del Estado
El impacto inmediato de esta integración será principalmente interno. Entre los ajustes previstos se encuentran la unificación de áreas administrativas y técnicas, la integración de plataformas operativas y redes, la reorganización de sedes físicas y la eliminación de duplicidades en cargos y procesos. El objetivo es reducir costos, mejorar la eficiencia y fortalecer la capacidad de inversión del operador integrado.
El último paso pendiente en este proceso es la venta de la participación accionaria que aún mantiene el Gobierno Nacional. Según el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado fijó un precio de 772 pesos por acción. Con esta operación, la Nación podría recibir al menos 855.000 millones de pesos, cerrando así el capítulo societario de la integración sin afectar la prestación del servicio.