La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, señalada de presuntas irregularidades para obtener los títulos profesionales con los que aspiraba a ocupar un alto cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue aplazada y reprogramada para el próximo 10 de marzo. En la diligencia también estaba citado el secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez.
Guerrero será imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, en un proceso que gira en torno a la validez de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que habría presentado para posesionarse como viceministra de Juventudes.
De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, la investigada no habría asistido a clases ni presentado las pruebas Saber, requisitos indispensables para la obtención de los títulos académicos. La Fiscalía, además, mantiene abiertas otras líneas de indagación relacionadas con denuncias adicionales.
Las primeras alertas sobre el caso fueron hechas públicas por la congresista Jennifer Pedraza, quien ha seguido de cerca las presuntas irregularidades. La parlamentaria ha divulgado documentos que, según afirma, sustentan las inconsistencias en la formación académica de Guerrero.
Entre los elementos entregados figuran facturas oficiales de la DIAN que evidenciarían pagos cercanos a los ocho millones de pesos para la obtención de los dos títulos en la universidad San José. Los comprobantes, según Pedraza, corresponden a transacciones realizadas directamente a las cuentas oficiales de la institución.
La congresista también ha señalado que dichos pagos se efectuaron casi un mes después de que, presuntamente, Guerrero ya se había graduado, lo que —según su versión— refuerza las dudas sobre la legalidad del proceso académico.
¿Por qué se aplazó la audiencia de imputación de Juliana Guerrero?
La diligencia judicial fue suspendida debido a la inasistencia de Juliana Guerrero. Aunque el secretario general de la Fundación San José sí compareció, lo hizo sin abogado defensor, circunstancia que impidió avanzar con la audiencia programada.
Con la nueva fecha fijada para el 10 de marzo, la Fiscalía se prepara para formalizar la imputación por los delitos señalados, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos denunciados y la validez de los títulos académicos cuestionados.