El juez penal especializado de Bogotá avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Harol Daniel Barragán Ovalle, implicado en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.
La decisión judicial respalda la negociación mediante la cual Barragán Ovalle aceptó su responsabilidad en varios delitos relacionados con el crimen, lo que permitió una reducción en la pena a cambio de su colaboración con la justicia.
Según informó la Fiscalía, “producto de la negociación judicial esta persona aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”. Lea: Cae en Argentina otro presunto implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay
¿Qué implica el preacuerdo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
Como resultado del acuerdo, el implicado fue condenado a una pena de 21 años y 4 meses de prisión, en línea con los términos pactados con el ente acusador.
Las investigaciones revelan que Barragán Ovalle tuvo un rol activo en la planificación del atentado. De acuerdo con las pruebas recopiladas, participó en la coordinación de las acciones antes y después del ataque mediante al menos cuatro videollamadas.
En ese contexto, la Fiscalía detalló que el procesado intervino en tareas clave como el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado, lo que resultó determinante para la materialización del crimen.
Además, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima, un elemento que agrava su responsabilidad penal por el uso de menores en actividades delictivas. Lea también: Muerte de Miguel Uribe: Emiten circular roja contra jefes de la Segunda Marquetalia
Las autoridades también establecieron que Barragán Ovalle colaboró con Elder José Arteaga, conocido como alias “Chipi”, ayudándolo a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades tras el atentado.
Las evidencias recopiladas indican, igualmente, que el condenado hacía parte de una estructura criminal dedicada a homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.
Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas dentro del proceso, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados a penas superiores a 21 años de prisión.