La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra siete embajadores colombianos por una presunta intervención en actividades políticas a través de redes sociales. El organismo de control busca establecer si los funcionarios utilizaron plataformas digitales para promover o respaldar una candidatura presidencial, conducta que podría contravenir las restricciones aplicables a los servidores públicos.
La decisión involucra a Luis Ernesto Vargas, embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Milton Rengifo, embajador en Venezuela; José Roberto Acosta, embajador en Argentina; Luis Medina, representante ante la Organización para el Desarrollo Económico; Jhenifer Mojica, embajadora ante la FAO; Daniel Prado, embajador en Bélgica; y Elizabeth García, embajadora en Bolivia.
El proceso disciplinario se originó tras una denuncia presentada por Eduardo Andrés Mestre, quien señaló que los diplomáticos habrían utilizado sus cuentas en plataformas como Instagram y X para difundir contenidos relacionados con una aspiración presidencial. Lea: Petro contempla restringir ingreso a Colombia de Bernie Moreno para las elecciones
Según lo expuesto en la denuncia, las conductas objeto de análisis no solo incluirían publicaciones realizadas directamente por los funcionarios, sino también la difusión de mensajes de terceros mediante reposteo de contenidos que favorecerían a un candidato determinado.
Aunque la Procuraduría consideró que existen elementos para avanzar con la investigación, descartó por el momento la suspensión provisional de los embajadores. La entidad concluyó que no cuenta con suficientes fundamentos para adoptar una medida de esa naturaleza mientras se desarrolla el proceso.
Investigación por actividad política de funcionarios en redes
La actuación contra los representantes diplomáticos se suma a otras decisiones recientes adoptadas por la Procuraduría frente a posibles casos de participación en política por parte de servidores públicos.
Entre los antecedentes recientes figura la suspensión de Carlos Carrillo, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien posteriormente presentó su renuncia para vincularse a la campaña de Iván Cepeda. Así mismo, el organismo abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aunque en ese caso tampoco ordenó una suspensión preventiva.
Con la apertura de esta nueva investigación, la Procuraduría adelantará la recolección y evaluación de pruebas para determinar si las actuaciones atribuidas a los embajadores constituyen una infracción disciplinaria relacionada con participación indebida en política.