Con el propósito de transformar la forma en que el Estado responde a las comunidades afectadas por desastres naturales, situaciones de riesgo inminente y desplazamiento forzado por el cambio climático, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la bancada del Pacto Histórico radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Política Nacional de Gestión del Riesgo para las Víctimas Climáticas’.
La iniciativa busca reconocer la gestión del riesgo como un derecho fundamental y otorgar una protección especial a las familias y comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad estructural.
Reconocimiento de las víctimas climáticas
Uno de los principales cambios que plantea el proyecto es la creación del concepto de “víctima climática”, con el fin de reconocer a las personas y comunidades afectadas por desastres relacionados con el cambio climático.
Esta nueva categoría complementaría las actuales figuras de afectado y damnificado, y serviría para orientar acciones de adaptación, reparación y justicia climática.
“Este proyecto de ley reconoce a las víctimas climáticas como sujetos especiales de derechos y transforma la Unidad de Gestión del Riesgo en una agencia. Es un cambio fundamental en el enfoque de derechos para proteger a las poblaciones vulnerables frente a los riesgos y desastres”, afirmó la senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho.
La Ungrd se convertiría en una agencia nacional
La propuesta también contempla una transformación institucional. De ser aprobada, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pasaría a llamarse Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
La nueva entidad sería la encargada de coordinar técnicamente la política nacional, mientras que los ministerios y demás entidades del Estado asumirían la ejecución de las obras de reconstrucción de infraestructura de acuerdo con sus competencias.
Así mismo, tendría la responsabilidad de orientar y aprobar técnicamente los Planes de Acción Específicos (PAE), hacer seguimiento a su ejecución y coordinar la respuesta institucional frente a las emergencias.
El proyecto también propone el cierre y la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe para evitar la duplicidad de funciones dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
En materia de atención de emergencias, plantea implementar la metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, la cual permitirá medir las pérdidas, identificar los riesgos asociados y evaluar los impactos ocasionados por los desastres.
Además, establece un plazo máximo de 12 meses para las declaratorias de desastre y exige la emisión de un concepto técnico sectorial de normalidad antes del cierre oficial de las emergencias.
El proyecto de ley busca fortalecer la respuesta frente a la crisis climática
El director de la Ungrd, Javier Pava, aseguró que la iniciativa hace parte del legado del Gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática.
Según explicó, el proyecto pretende corregir problemas estructurales de la Ley 1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales como primeros respondientes y reconocer como víctimas climáticas a los damnificados, las personas expuestas a riesgo inminente y quienes han sido desplazados por los efectos del cambio climático.
La propuesta de la Ungrd y el Pacto Histórico también incorpora un enfoque territorial al incluir representantes de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el pueblo Rrom en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo.
Además, contempla la creación de instancias propias de coordinación en territorios indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), con el objetivo de fortalecer la participación de estos sectores en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.