Este martes se radicó un proyecto de ley que busca tipificar como delito ocultar la identidad, o el uso de capuchas, como estrategia para facilitar la comisión de delitos en manifestaciones públicas.
La iniciativa fue presentada por los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, del Cambio Radical, quienes piden garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el ejercicio fundamental a la protesta pacífica. Lea también: Radican por tercera vez proyecto de ley que busca frenar las fotomultas en la Vía del Mar
Así buscan castigar a los encapuchados que cometan delitos
Arizabaleta y Triana proponen que “quien mediante la utilización deliberada de prendas, máscaras, pasamontañas, elementos u otros medios similares destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona, cometa actos vandálicos en medio de una manifestación pública, reunión, movilización o concentración pública, serán penalizados con prisión de entre 54 a 96 meses y multas de entre 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigente”.
“El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar, pero se sabe que quien usa capucha en medio de una protesta, sale a delinquir”, sostuvo Arizabaleta.
Además, el articulado plantea como agravantes al uso de artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas o cualquier otro medio idóneo para causar grave daño a las personas o los bienes públicos y privados. También se considera agravante el hecho de que la conducta recaiga sobre establecimientos educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural, infraestructura de servicios públicos esenciales.
No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia. Con este proyecto buscamos que las autoridades tengan herramientas reales no solo para judicializar, sino para agravar la pena a quienes se valen del anonimato y la capucha para delinquir y eludir a la justicia.
Julio César Triana, representante a la Cámara
Uno de los apartes del proyecto más polémicos y que puede generar mayor discusión, determina que, quien por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de manera que ponga en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, cumplirá prisión entre 54 a 96 meses y multas de entre 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
Dos nuevos actos legislativos abren debate en el Congreso
Asimismo, el Congreso radicó el acto legislativo, presentado por el senador uribista Hernán Cadavid, con el que se busca que en el país deje de pagarse la reposición de votos en las consultas interpartidistas e internas debido a que el Estado debe pagar cifras multimillonarias a candidatos en su momento como Iván Cepeda.
Por otro lado, un grupo de congresistas de la oposición como los senadores Duvalier Sánchez, Jennifer Pedraza y los representantes Mauricio Toro, Laura Daniela Beltrán, (conocida como Lalis) y Óscar Benavides, radicaron un acto legislativo para consiste en cambios al CNE, especialmente por la manera en que son elegidos los nueve magistrados del tribunal electoral. El actual fue elegido hace dos semanas por el Congreso de la República y se posesionó este martes frente al presidente Abelardo de la Espriella.