Dos procedimientos adelantados por las autoridades en San Andrés dejaron como resultado el traslado de 33 personas privadas de la libertad a Bogotá y la expulsión de 44 ciudadanos hondureños, señalados de realizar actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de recursos marinos en aguas colombianas.
Las medidas se llevaron a cabo el pasado primero de noviembre, según la información divulgada por la Presidencia de la República, que atribuyó ambas decisiones a instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella.
Gobierno ordena traslado de presos y expulsión de hondureños en San Andrés
El primer procedimiento correspondió al traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá. De acuerdo con el Gobierno, la medida busca evitar que estructuras criminales utilicen los centros de reclusión de la isla para mantener actividades ilegales, conservar privilegios o intimidar a la población.
En el operativo participaron la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
Expulsan a 44 hondureños por pesca ilegal en San Andrés
Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella informó que 44 ciudadanos hondureños fueron expulsados de Colombia luego de ser sorprendidos realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas, en inmediaciones de San Andrés.
Según explicó el mandatario, los extranjeros fueron detectados en flagrancia durante labores de vigilancia de la Armada Nacional. Posteriormente, quedaron a disposición de Migración Colombia y fueron expulsados el primero de noviembre hacia su país de origen.
“Se lo prometí al pueblo sanandresano durante mi visita: vamos a hacer respetar nuestras aguas territoriales y a defender cada centímetro de nuestra soberanía nacional”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario señaló que su Gobierno fortalecerá las acciones de vigilancia y control para proteger los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana.
También advirtió que los extranjeros que cometan delitos en el país y registren antecedentes o anotaciones judiciales serán sometidos a las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, a medidas de deportación o expulsión.
“Colombia recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que vienen a trabajar, a construir un futuro y a contribuir al desarrollo de nuestra nación. Pero quienes vengan a delinquir o a explotar ilegalmente nuestros recursos se encontrarán con todo el poder legítimo del Estado”, manifestó.
Finalmente, De la Espriella destacó la labor coordinada de la Armada Nacional y Migración Colombia, y reiteró su compromiso con la protección de la soberanía, las fronteras marítimas y los recursos naturales del archipiélago.
“Que nadie se equivoque: nuestras fronteras se respetan, nuestros mares se respetan y los recursos naturales de Colombia no son botín de nadie”, expresó. El presidente concluyó que la defensa de la soberanía nacional debe traducirse en acciones concretas de las instituciones del Estado: “La soberanía nacional se defiende con hechos, no con discursos”.
