Ante el Consejo de Estado, diversas organizaciones feminista, demandaron las designaciones presidenciales de los ministros de Interior, Daniel Palacios; Defensa, Diego Molano y Cultura, Felipe Buitrago, como también al director del Dapre, Víctor Muñoz, por violar la ley de cuotas que obliga la equidad entre hombres y mujeres.
La reclamación judicial fue hecha por Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres, quienes consideran que con estas designaciones del presidente Iván Duque en su gabinetese está incumpliendo la Ley 518 de 2000 o Ley de Cuotas.
La subdirectora de Dejusticia, Diana Esther Guzmán, sostuvo que “primero, esperamos que lleguen más mujeres ministras y directoras de departamento al gobierno nacional. Esta es una deuda pendiente con la igualdad de género y con las mujeres. Segundo, buscamos que el gobierno cumpla con la ley y por tanto respete la cuota”.
Para la directora de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero, indicó que “la excusa no puede ser que no hay mujeres; ¡mujeres sí hay!, un ejemplo de eso es que tenemos más doctoras que doctores y que hay muchas mujeres en las universidades. Aunque nuestra apuesta hoy es por la paridad (50% hombres-50% mujeres), lo mínimo es cumplir esta norma del 30%. Las leyes son para cumplirlas siempre y la Presidencia de la República debería ser un ejemplo en eso”.
Las organizaciones consideran que esos nombramientos “violan claramente la Ley de Cuotas, que establece que al menos el 30% de los altos cargos de decisión del Estado deben ser ocupados por mujeres. Esta norma aplica tanto para el gabinete ministerial como para los departamentos administrativos, dos categorías en las que hoy no se llega a ese porcentaje mínimo de participación femenina”.
Recuerdan que pesa a que las mujeres representan un poco más de la mitad de la población en Colombia, el país sólo tiene cinco ministras de un total de 18 ministerios, es decir un 27,7%. explican además que “el panorama en los departamentos administrativos es más grave, pues solo uno de seis cargos está ocupado por una mujer: Susana Correa en el DPS. Esto es apenas el 16% de participación femenina”.
Los demandantes le piden al Consejo de Estado que anule los decretos que designan a estos funcionarios en sus cargos, suspenda sus nombramientos y le ordene al Presidente hacer nuevos nombramientos que cumplan con la Ley de Cuotas.
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