Las críticas y denuncias sobre presuntas irregularidades en el programa educativo emblemático de la administración del alcalde Daniel Quintero, conocido como “Computadores Futuro”, continúan en aumento, mientras nuevas revelaciones arrojan luz sobre un escándalo que sacude los cimientos de la gestión municipal.
Recientemente, se ha desvelado un nuevo capítulo en este turbio asunto, relacionado con la falta de registro y seguimiento de los computadores entregados a los estudiantes por parte de la administración entrante. Además de las acusaciones de corrupción en el contrato de $118.365 millones, que habría favorecido al contratista y presentado sobre costos injustificados de $38.000 millones, ahora surge el cuestionamiento sobre el paradero y estado de los dispositivos entregados.
Desde agosto del año pasado, se han reportado casos de revendido y cambio de los computadores en redes sociales, evidenciando una discrepancia alarmante en los precios. A pesar de que la Alcaldía pagó entre $1.100.000 y $1.500.000 por cada equipo, se encontraron en el mercado virtual por un valor mucho menor, incluso menos de $1.000.000 en sitios web reconocidos. Lea aquí: “Ella lo controla”: Day Vásquez sobre relación de Gustavo Petro y Verónica Alcocer
Recientemente se conoció una denuncia que evidenciaba uno de los computadores en una tienda de empeño de la ciudad, con un precio de venta de $400.000. Además, se descubrió que los dispositivos no contenían material educativo, sino archivos personales y fotográficos de adultos. Lea: La ciudad de Colombia con puntos de alerta roja por contaminación
Las irregularidades en la entrega de los computadores han llevado a señalamientos de presunto detrimento patrimonial, con casos donde se entregaron dos o más dispositivos a un mismo estudiante, así como casos donde los beneficiarios no están matriculados en instituciones públicas. Se encontraron registros de entrega con cédulas falsas, nombres incompletos y falta de trazabilidad en 104 casos.
Estas nuevas revelaciones se suman a las dudas sobre el proceso de contratación del programa, que inicialmente tenía un valor de $80.000 millones y terminó costando más de $118.000 millones debido a una serie de adiciones y modificaciones controvertidas, lo que ha generado una creciente indignación y llamados a la investigación por parte de los entes de control.
La ciudadanía exige respuestas y transparencia en un caso que amenaza con socavar la confianza en las instituciones y el manejo de los recursos públicos.