La entrada en vigencia de la ley que regula la actividad de los entrenadores en Colombia, el pasado 24 de mayo de 2025, abrió un debate en el sector deportivo.
Aunque la norma ya rige, su aplicación práctica ha sido cuestionada por distintos actores, entre ellos el licenciado en educación física Andrés Cavadía, quien advierte que no existe aún reglamentación ni un organismo competente autorizado por el Gobierno Nacional para expedir la llamada tarjeta de entrenador. Lea: Diego Pescador campeón de los jóvenes en el Tour de Omán y top-10 en la general
Según Cavadía, la ley enfrenta lo que jurídicamente se conoce como “sustracción de materia”, debido a que todavía no se ha definido el procedimiento para acreditar o certificar a los entrenadores.
“El Gobierno Nacional tiene que hacer cumplir las reglas sobre cómo se deben crear las licencias patrimoniales y cómo se certifica la entidad. Hoy no existe un organismo habilitado que pueda expedir esa tarjeta”, afirmó.
El educador cartagenero sostiene que, en consecuencia, la tarjeta no es exigible en la actualidad. A su juicio, cualquier cobro o expedición de este documento por parte de particulares podría constituir una extralimitación de funciones.
“Si están cobrando dinero sin autorización del Gobierno, estarían incurriendo en una irregularidad”, señaló, al tiempo que indicó que entrenadores afectados podrían recurrir a acciones legales como la tutela si alguna entidad territorial exige un documento que no está reglamentado.
Cavadía también cuestionó que asociaciones privadas se hayan organizado para emitir credenciales bajo el argumento de estar amparadas por la ley.
“La ley crea condiciones, pero no autoriza a personas naturales a regularse a sí mismas ni a expedir tarjetas profesionales. Una ley no regula una profesión; regula una actividad”, explicó.
El debate también gira en torno al procedimiento adoptado por el denominado COCED, cuya legalidad —según el educador— no ha sido suficientemente examinada. “Nadie ha confrontado jurídicamente esa actuación con la normatividad vigente. Ese es el punto débil”, manifestó.
Para Cavadía, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación deberían pronunciarse de manera oficial para evitar confusiones en el sector. Recordó que la Sentencia 221 de 2011 establece lineamientos sobre competencias en áreas como salud, deporte y educación, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de que el Estado asuma directamente la reglamentación.
El debate sigue abierto
Mientras se define el alcance real de la ley y su reglamentación, el debate continúa abierto en el ámbito deportivo. Para el licenciado, el reclamo no es contra la norma en sí, sino contra quienes aseguran estar autorizados sin un aval claro del Gobierno. Lea: Bayern va a la semifinal de la Copa Alemania de la mano de Kane y Luis Díaz
“La ley es legal y no la cuestionamos; lo que cuestionamos es que particulares se atribuyan funciones que no les han sido otorgadas”, concluyó.