Ley de Financiamiento: evasores fiscales no podrán salirse con la suya

La Ley de Financiamiento, expedida en diciembre pasado, endurece las sanciones penales de la evasión de impuestos que podrían recaer sobre los contadores públicos, que llevan la contabilidad de empresas y dan el visto bueno a los informes financieros.

Con la tipificación de un nuevo delito de evasión fiscal y el endurecimiento de penas, la Ley de 1943 de 2018, mejor conocida como Ley Financiamiento, pone contra la pared a los fraudulentos fiscales que pretenden ‘hacer conejo’ al Estado.

Como los contadores públicos son los encargados llevar la contabilidad de las empresas, firmar los informes financieros o quienes fungen como auditores y revisores fiscales, son susceptibles de asumir estas responsabilidades legales, en caso de incurrir en fraude.

“Los contadores públicos deben tener cuidado con esta nueva ley toda vez que los involucran directa o indirectamente dentro del andamiaje tributario de las compañías, pues al firmar un balance están certificando y dando fe pública de que las cuentas son correctas”, explicó el contador público César Angulo Arrieta, especialista en impuestos.

No invente

La nueva norma incluye en el Código Penal la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes en las declaraciones de renta como delito. Esto quiere decir que aquellos que se inventen deudas o no reconozcan la totalidad de su patrimonio para ‘ahorrar’ en impuestos, serán procesados.

Así, quienes omitan activos o declaren pasivos inexistentes, en su declaración de renta, equivalentes a 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente $4.140 millones) podrá ser encarcelado entre 48 y 108 meses y se le impondrá una multa de 20% del patrimonio no declarado, de las deudas que no son reales o de la diferencia del activo declarado por un menor valor.

Las sanciones, tanto penales como monetarias, aumentan proporcionalmente al valor del fraude.

“Colombia era de los pocos países a nivel mundial en los que había poca presión penal para los evasores de impuestos (...) el que roba impuestos, le está robando a todo el mundo”, puntualizó Angulo Arrieta.

La DIAN es la entidad responsable de identificar y hacer las investigaciones que correspondan ante los delitos de evasión tributaria.

Bajo juramento

Entre las normas que endureció la reforma tributaria está la renta bruta en la enajenación de inmuebles. En adelante, las partes deben declarar bajo la gravedad de juramento que el precio en la escritura de venta es real y no es producto de pactos privados que señalen un valor diferente. No es admisible un precio inferior al avalúo catastral. El contador público Angulo indicó que “aunque estaba normado, era común que en los procesos de compraventa de los inmuebles se declarara menos valor ante la notaría porque no había ninguna sanción penal, pero ahora ya la hay, con sanciones de hasta de 12 años”.

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