Los 33 mineros chilenos que estuvieron 69 días atrapados bajo tierra reaccionaron con indignación el jueves al enterarse del cierre de la investigación de su accidente sin que se encontraran culpables.
El fiscal de Atacama, Héctor Mella, dijo que cerró la indagación “por no haberse reunido los antecedentes suficientes para presentar acusación”.
La decisión de Mella impactó entre los mineros, que aún viven las secuelas del prolongado encierro del que fueron rescatados tras gigantescos esfuerzos en los que, además de los rescatistas chilenos, colaboraron empresas y organizaciones internacionales como la NASA.
“Es una vergüenza de la justicia chilena”, dijo a The Associated Press el minero Mario Sepúlveda, al referirse a la decisión del fiscal.
Agregó que “es imposible que en un accidente de esta magnitud no haya ningún responsable”.
El cierre de la indagación se produjo a sólo cuatro días del tercer aniversario del derrumbe que atrapó a los trabajadores en el fondo de un oscuro pozo de 700 metros de profundidad.
“Estamos molestos con el fallo, pero hablamos con nuestro abogado y dijo que no nos preocupáramos por el juicio por indemnización que presentamos nosotros porque no tiene que ver con el juicio que cerró el fiscal”, declaró a la AP el minero Omar Reygadas.
Catherine Lathrop, abogada de Alejandro Bohn y Marcelo Kemmeny, dueños de la mina San José, dijo que “estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza”.
Los dueños de la mina San José, ubicada a 800 kilómetros al norte de Santiago en medio del desierto de Atacama, trabajaban en el yacimiento de oro y cobre sin las medidas de seguridad adecuadas, según estableció una indagación parlamentaria.
La investigación de la fiscalía buscaba establecer culpables penales entre los dueños del yacimiento y el Servicio Nacional de Minería, el ente estatal encargado de vigilar las medidas de seguridad con las que trabajan los miles de yacimientos que existen en Chile, la mayoría en el norte. La mina había sido clausurada antes del accidente del 5 de agosto de 2010 por otros accidentes que incluso costaron la vida a un minero.
El rescate de los mineros acaparó la atención mundial y fue transmitido en directo por una señal oficial a países de todo el planeta.
Renato Prenafeta, abogado de 31 de los 33 mineros, dijo que “vamos a hacer presentes nuestros argumentos”.
El abogado también presentó una demanda civil en los tribunales respectivos y solicitó una indemnización “por tanto daño y dolor que han vivido” los mineros durante los últimos tres años.
No existe un monto preciso pues los daños deben ser evaluados en el transcurso de otra investigación.
Prenafeta reiteró sus críticas al Estado pues, pues por intermedio del Servicio Nacional de Minería, es el ente regulador de las faenas mineras.
Reygadas contó a la AP que la mayoría de los 33, como se conoce al grupo, está cesante, y “casi todos estamos a la espera, haciendo algunos trabajitos esporádicos, como pegar cerámicas”.
“Voy a hablar abiertamente. Yo creo que la mayoría de los empresarios (mineros) tiene temor de trabajar con nosotros y no nos contratan porque piensan que si tienen algún problema se va a saber de inmediato porque nosotros tenemos llegada a la prensa, nos conocen”, añadió.
La historia de los mineros atrajo tanta atención que el grupo fue invitado a visitar países de todo el mundo para relatar su historia, incluidos Estados Unidos, España, Gran Bretaña e Israel. También se filmará una película por cuyos derechos los mineros recibieron un anticipo equivalente a 13.000 dólares.
