La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa generando preocupación internacional. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió que las estructuras estatales señaladas por actos de represión permanecen prácticamente sin cambios, pese a algunas señales de apertura registradas durante el último año.
El organismo señaló que se han producido modificaciones en determinadas prácticas represivas, entre ellas una reducción de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas. También reportó la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos y un escenario con mayores posibilidades para las protestas y las reuniones públicas.
Sin embargo, para la Misión estos cambios todavía no representan una transformación institucional de fondo. Su presidenta, Sofía Macher, sostuvo que cualquier avance puede resultar frágil si no se modifican las estructuras que han permitido las violaciones denunciadas. Lea: Delcy Rodríguez revela el ambicioso plan energético de Venezuela
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de Derechos Humanos, no avances tentativos e incompletos”, ha advertido su presidenta, Sofía Macher.
ONU cuestiona continuidad de estructuras represivas en Venezuela
El informe también plantea cuestionamientos sobre la permanencia en cargos relevantes de funcionarios identificados por la Misión por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el documento, una veintena de funcionarios identificados por el organismo internacional continúa en posiciones de importancia o habría sido trasladada a otros puestos estratégicos tras el cambio de poder mencionado en el informe.
La Misión, además, aseguró haber documentado 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero. Esta cifra, según el organismo, evidencia que las prácticas represivas no habrían desaparecido pese a la reducción de algunas de sus manifestaciones más severas.
Otro de los puntos señalados corresponde al marco legal. La ONU cuestionó la vigencia de normas que, según sus conclusiones, han sido utilizadas para criminalizar la disidencia.
El organismo también sostuvo que los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia mantienen, en esencia, las mismas estructuras, políticas y prácticas.
A esto se suma la situación de grupos comunitarios señalados por la Misión como actores vinculados con intimidaciones y hechos de violencia. El informe plantea la necesidad de desarmarlos o desmantelarlos y señala que, hasta ahora, no se habrían adoptado medidas suficientes frente a estas estructuras.
