Cartagena enfrenta una grave crisis de invasiones de tierras que requiere acción inmediata. Esta ciudad, con una vasta extensión rural, sufre una ola de ocupaciones ilegales, especialmente en terrenos rurales con alto potencial para el desarrollo. Delincuentes, apoyados por abogados sin escrúpulos que buscan aprovecharse de la situación, se apoderan de predios privados y someten a los legítimos propietarios a extorsiones. Los delincuentes encuentran respaldo en un sistema judicial que parece favorecerlos, obligando a los dueños a enfrentarse a largas y costosas batallas legales.
Este problema afecta el crecimiento de Cartagena, muchos proyectos de energía solar y nuevas industrias se frenan por esta razón. La falta de control y respuesta rápida frente a las invasiones desalienta a los inversionistas.
Es vital que las autoridades entiendan que la gravedad de este problema va más allá de simples ocupaciones. Las personas que invaden terrenos ajenos deben ser desalojadas de manera inmediata, sin contemplaciones y sin importar el tiempo que lleven en el predio, si así lo solicita el propietario legítimo. No es aceptable que el fruto del esfuerzo de generaciones se vea amenazado porque un delincuente se auto proclame dueño de un predio que nunca compró, nunca mantuvo y mucho menos ha pagado impuestos.
La ilusión de una seguridad sin estado
Yezid Carrillo De La RosaLa situación es aún más angustiante para los propietarios debido a la inacción de algunos abogados. Lejos de buscar soluciones rápidas y efectivas, algunos ven una oportunidad para lucrarse, exigiendo elevados honorarios por un proceso judicial que prometen será largo. Esto deja a los dueños desamparados. En muchos casos, la única opción que les queda es recurrir a seguridad privada para intentar recuperar lo que es suyo; sin embargo, tomar esta vía no está exenta de riesgos, en peligro de ser criminalizado mientras lucha por proteger su patrimonio.
El alcalde mayor de Cartagena ha demostrado gran capacidad y gestión para enfrentar otros problemas de la ciudad y creemos que este tema merece la misma prioridad. Urgimos a la Alcaldía a asumir un rol activo, exigiendo resultados concretos a su equipo, al secretario del interior y muy especialmente a los inspectores de Policía, quienes en muchos casos no hacen absolutamente nada ante estos atropellos. Es fundamental que la Policía de Cartagena reciba instrucciones claras para actuar sin demoras, desalojando a los invasores de inmediato y sin contemplaciones cuando así lo requiera el legítimo propietario.
Los inversionistas deben sentir seguridad jurídica para traer sus recursos, lo cual beneficia a toda la comunidad mediante la generación de empleo, ingresos fiscales y desarrollo para la ciudad. Proteger la propiedad privada es una señal clara de seguridad y respeto a los derechos, que Cartagena necesita para atraer inversiones y prosperar.