En el Congreso avanza el Proyecto de Ley 472 de 2025, una iniciativa que promete “fortalecer la institucionalidad del Catastro Multipropósito” y llevar al país hacia un modelo moderno, interoperable y orientado a la justicia social. Suena ambicioso. Pero cuando uno lee con detalle el articulado, la pregunta inevitable es: ¿es este el fortalecimiento que Colombia necesita en el sistema catastral, o un retorno a la recentralización que creíamos superada?
En el país, pocas discusiones técnicas tienen tanto poder para transformar el territorio como la del catastro multipropósito; se trata de algo sencillo como saber con precisión qué tierra tenemos, quién la posee y para qué sirve. Sin esa información, cualquier política rural, urbana, tributaria o ambiental camina en la oscuridad.
El proyecto arranca con una premisa poderosa sobre declarar el catastro como una función pública social, ecológica e indelegable. Hasta ahí, bien. Pero luego viene el giro: el IGAC se convierte en único gestor catastral del país, no un rector técnico -papel que ya tenía-, sino en operador exclusivo. Esto desmontaría, de un solo tajo, el modelo descentralizado creado por la Ley 1955 de 2019, que les permite a municipios, áreas metropolitanas y departamentos habilitarse como gestores.
¿Y las entidades territoriales? Reducidas a usuarias de un sistema que ya no podrán operar ni ajustar según sus realidades. ¿Las capacidades técnicas construidas en los últimos años? En riesgo de quedar en el limbo. ¿La autonomía territorial? En tensión directa con un diseño que concentra decisiones, calendarios y prioridades en un único vértice nacional.
El proyecto de ley también amplía el rol del catastro hasta convertirlo en el sistema de información vertebral de muchas políticas públicas: restitución, formalización, gestión del riesgo, infraestructura, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial y política tributaria. Es un avance conceptual importante. Pero también un recordatorio de que quien produce el dato controla en gran parte la decisión. Y si solo el IGAC podría producirlo, el territorio dependerá, en todo sentido, de la capacidad y los tiempos de la Nación.
Hay luces relevantes. La interoperabilidad catastro-registro, la protección reforzada a víctimas y comunidades rurales, la progresividad fiscal y la introducción tecnología como IA y blockchain. Pero también dudas como la creación de un Fondo Nacional de Catastro financiado por sanciones de la SNR, un régimen transitorio insuficiente y los entes territoriales quedarían sin rol ejecutor y dependiendo de las capacidades de un solo gestor.
Colombia necesita un catastro eficiente, sí. Pero la eficiencia no es centralizar. La verdadera transformación exige fortalecer capacidades en los territorios, no retirarlas. Un Estado en red, no un Estado piramidal.
*Abogado consultor en derecho urbanístico y administrativo - Asesor del despacho del gobernador de Bolívar, asesor de la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena.