Hace algún tiempo me referí al problema crónico del ruido en Cartagena. Hoy, con preocupación, debo decir que ese mismo fenómeno se está propagando e incrustando en uno de los pocos refugios de descanso que aún conservaba el territorio: Barú.
Zonas como Cholón, la Ciénaga de los Vásquez, los pueblos de Barú —incluyendo Santa Ana—, Orika en las islas, e incluso algunas propiedades privadas frente a la Bahía de Barbacoas, están siendo invadidas por un ruido desbordado que no reconoce límites ni horarios. Lo que antes era un paisaje de mar, brisa y conversación pausada, hoy se ve interrumpido por parlantes a todo volumen, motores, pólvora y fiestas sin control.
No se trata de un debate menor ni de una simple molestia. El ruido sostenido está afectando la tranquilidad y la salud de residentes, visitantes y la fauna. Pero también compromete seriamente la viabilidad de hoteles y proyectos turísticos que, durante años, han apostado por un modelo de hospitalidad basado en el descanso, la naturaleza y el respeto. Iniciativas que generan empleo digno, atraen divisas y elevan el estándar del turismo en la región.
El veto al debate: ¿antesala del autoritarismo?
Yezid Carrillo De La RosaLo más inquietante es el estruendoso silencio de las autoridades al respecto, la ausencia de medidas efectivas de contención. La permisividad ha terminado por normalizar un comportamiento que, en cualquier destino turístico serio, sería objeto de regulación estricta.
Pero el ruido no es el único demonio que acecha a Barú.
A esto se suma la creciente irresponsabilidad de algunos conductores nativos, tanto en tierra como en el mar. Motos terrestres y acuáticas circulan sin control, muchas veces a altas velocidades y sin medidas de seguridad, mientras lanchas con música estridente atraviesan zonas concurridas poniendo en riesgo la vida de bañistas y pasajeros. Los accidentes no son una posibilidad lejana: son una realidad que ya ha dejado tragedias conocidas por todos.
El panorama se agrava con otras problemáticas: invasiones a predios, paros y cierres de vías, fragilidad jurídica de los títulos inmobiliarios, y prácticas de acoso a visitantes en puntos críticos como la entrada a Playa Blanca, los puertos y las playas. Todo ello configura un entorno de incertidumbre que desincentiva la inversión formal y dificulta la consolidación de proyectos sostenibles.
Establecerse en Barú hoy es, en muchos sentidos, una proeza. Y sostener un negocio que cumpla con estándares de legalidad, calidad y respeto por el entorno es aún más desafiante.
Sin embargo, Barú sigue siendo un territorio de enorme valor natural, cultural y económico. Precisamente por eso, urge una acción decidida que recupere el orden, proteja la convivencia y garantice condiciones justas para quienes apuestan por un desarrollo responsable.
El silencio —o al menos su posibilidad— no debería ser un lujo. Es un derecho fundamental en cualquier destino que aspire a ser sostenible.
Barú no puede convertirse en otro escenario donde el ruido, la anarquía y la indiferencia terminen por expulsar lo mejor que tiene. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.