En contraposición a los sofistas —quienes sostenían que la retórica permitía presentar la mentira como verdad y otorgaba al tirano un poder sin límites—, Sócrates y Platón desconfiaban de ella y reivindicaban la dialéctica: el diálogo, la pregunta y la confrontación racional de ideas. Sus vidas y pensamientos son un homenaje al debate como camino hacia la verdad, porque no se trata de persuadir a cualquier precio, sino de convencer mediante la contrastación y el escrutinio crítico.
Esa distinción sigue vigente. Mientras los regímenes autoritarios, los populismos y los liderazgos mesiánicos privilegian el discurso largo, ornamental y unidireccional —en el que la verdad se “revela” al pueblo—, la democracia se funda en la deliberación: en la posibilidad de debatir incluso con quienes consideramos equivocados. Los griegos llamaron “parrhesía” a la valentía de decir la verdad dentro de la democracia, aun cuando ello implicara riesgos. En “Vidas paralelas”, Plutarco relata cómo Platón, ante Dionisio I de Siracusa, respondió que estaba en Sicilia intentando “encontrar un hombre de bien”, sugiriendo —con notable audacia— que el tirano no lo era.
En Colombia parece imponerse una lógica distinta: la de privilegiar la retórica de plaza pública sobre el debate. Más preocupante aún: cuando se acepta discutir, se hace imponiendo condiciones sobre con quién, sobre qué y en qué escenarios se puede debatir. Así, la democracia deja de ser un escenario de deliberación, para convertirse en un espacio controlado, donde el pluralismo se reduce y la discrepancia se administra.
Esto plantea una inquietud de fondo: si hoy, en campaña, cuando apenas se ejerce un poder simbólico, se restringe la deliberación, ¿qué ocurrirá en el ejercicio real del poder? ¿Habrá temas vedados, críticas inadmisibles o interlocutores excluidos? ¿Se convertirá la verdad en un monopolio gubernamental? No se trata solo del derecho de un candidato a no debatir —que es legítimo—, sino del derecho de los ciudadanos a escuchar, contrastar y formarse un juicio informado.
Negarse a debatir puede ser una estrategia electoral válida. Pero en un contexto de alta polarización y de decisiones cruciales —seguridad, paz, salud, sostenibilidad fiscal—, limitar el debate mediante vetos a temas, personas o espacios no es una simple táctica: es una señal preocupante, porque no restringe solo a los adversarios; restringe, sobre todo, a la ciudadanía.
La democracia se erosiona cuando deja de administrar el disenso para empezar a limitarlo, cuando comienza a seleccionar las voces legítimas y a excluir las incómodas. El veto al debate no es neutral: es la antesala de una visión política en la que la verdad deja de discutirse y empieza a imponerse. Y si la pregunta inicial es si estas prácticas anuncian el autoritarismo, la respuesta es incómoda, pero inevitable: cuando el poder decide quién puede hablar y quién debe ser silenciado, el autoritarismo ya no es una posibilidad, sino una probabilidad en marcha.
*Profesor universitario.