La expedición del Decreto 0415 de 2026 por parte del Gobierno nacional con razón despierta tanta inquietud para quienes perciben riesgos en el rumbo que está tomando la gestión del ahorro previsional en Colombia.
Bajo el argumento de corregir un “descalce financiero”, el Ejecutivo ha ordenado el traslado exprés de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones en un plazo irrisorio de 30 días. Esta decisión no solo desafía la lógica económica de la capitalización, sino que pone en jaque la seguridad social de las generaciones más jóvenes al convertir el ahorro de largo plazo en vocación de gasto corriente.
La crítica más severa no solo recae en el escaso margen de tiempo que el Decreto confiere a semejante movida de recursos; también en el destino de estos, sobre lo cual diversos sectores políticos y económicos denuncian que los $25 billones, fruto del esfuerzo de decenios de los trabajadores, pudieran convertirse en la “caja menor” del Gobierno para financiar el déficit fiscal; y, para quienes son más perspicaces, a aceitar la maquinaria estatal a solo 38 días de la primera vuelta presidencial.
Al integrar estos recursos al presupuesto de Colpensiones para pagar mesadas actuales, el Gobierno está “comiéndose las semillas”, esto es, utiliza el capital que debería generar rendimientos para las pensiones de mañana para tapar huecos operativos de hoy, y dejar caja libre, que hoy se destina al pago de pensiones, para movidas en entornos electorales.
Aunque pudiera no ser así, y las prevenciones fueran infundadas, en todo caso el decreto incurre en varias anomalías que la Contraloría y gremios como Asofondos y ANIF han señalado con vehemencia. Por ejemplo, la reforma pensional establecía que estos recursos debían blindarse en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), administrado por el Banco de la República. El Gobierno, mediante decreto, se salta este blindaje para disponer del dinero de forma inmediata.
De la misma manera, obligar a liquidar o trasladar portafolios masivos en menos de un mes presiona las tasas de interés al alza y encarece la deuda pública, afectando la rentabilidad de los mismos afiliados. Y al reducir la acumulación de capital en el sistema, se elimina el respaldo financiero de las futuras jubilaciones, pues el dinero que hoy se traslada para pagar a los actuales pensionados es el que faltará cuando los jóvenes de hoy reclamen su derecho. Para los jóvenes, este decreto representa una promesa rota y la incertidumbre de que su vejez será financiada en un sistema descapitalizado.
El Gobierno no debería desatender las alertas de la Contraloría sobre el riesgo de convertir ahorro en gasto, pues el Estado está enviando un mensaje devastador: el ahorro individual no es sagrado y puede ser nacionalizado ante la urgencia fiscal del gobernante de turno.