En esta época electoral marcada por la polarización, son muy pocos los temas de interés público en que los diferentes sectores sociales, académicos y políticos mantienen un criterio unificado, y esa problemática no podría ser otra que la crisis tarifaria y energética que padece la Costa Caribe, todos sostienen que la fórmula tarifaria nacional desconoce las condiciones climáticas propias de la región, toda vez que, por las altas temperaturas, el consumo de energía en los hogares resulta naturalmente superior al promedio nacional, especialmente por el uso permanente de ventiladores y aires acondicionados.
En el interior del país el consumo de un hogar de estrato 1 en promedio es de 100 kilovatios/mes, con un subsidio en la tarifa de hasta 130 kilovatios/mes; en cambio, en la Costa Caribe un hogar de ese mismo estrato consume en promedio 250 kilovatios/mes, con un subsidio sobre la tarifa de hasta un máximo de 173 kilovatios/mes, por lo que toda la energía consumida por encima del límite subsidiado se cobra a tarifa plena; encontrándonos ante una evidente desigualdad tarifaria: en el interior prácticamente todo el consumo promedio está subsidiado, mientras que en la Costa Caribe solo se subsidia entre el 60% y 70%. Esta situación afecta la calidad de vida de miles de familias, que deben elegir entre cubrir necesidades básicas o pagar el recibo de energía. Asimismo, el comercio y la industria también resultan afectados al asumir los costos de la energía más cara del país. Y como es sabido, una de las condiciones fundamentales para el desarrollo económico es contar con “energía barata”, por lo que esta realidad reduce nuestra competitividad frente a las empresas ubicadas en la región andina.
Es, por tal razón, que una de las soluciones a la crisis energética y de altas tarifas es la creación de una fórmula tarifaria diferencial, que reconozca las condiciones climáticas especiales de la Costa Caribe y evite que el consumo básico de subsistencia sea tratado como un consumo lujoso, es decir, que el subsidio corresponda a la media del consumo de las ciudades del Caribe, pasando de un subsidio sobre la tarifa de 173 kilovatios/mes, a un subsidio sobre la tarifa de 250 kilovatios/mes. Esta medida podría respaldarse mediante la creación del Fondo Nacional de Estabilización Tarifaria, que permitiría mitigar las fluctuaciones extraordinarias del precio de la energía. Sin embargo, la materialización de estas soluciones quedará en manos del próximo presidente de Colombia. Y dado que la Costa Caribe será determinante en la elección presidencial, cualquiera de los dos candidatos tendrá la obligación de impulsar medidas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la Región Caribe.