Un año y medio después del siniestro vial que le costó la vida a Iván Cuentas Arriaga en Cartagena, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aún no toma una decisión de fondo sobre la investigación que anunció por el “presunto uso indebido” de las medidas de protección asignadas al gobernador de Bolívar, Yamil Arana.
El caso ocurrió el 10 de enero de 2025. Ese día, un vehículo del esquema de seguridad de Arana atropelló a Cuentas Arriaga, de 74 años, cuando se movilizaba por la Avenida Pedro de Heredia, a la altura del Castillo San Felipe. Cuentas Arriaga perdió la vida.
Días después, la UNP dijo que el vehículo era conducido por una persona no autorizada y anunció una investigación. Además, como documentó La Contratopedia Caribe, ese carro cumplía labores para la primera gestora departamental, Angélica Salas, al momento del siniestro.
Ahora, en una respuesta entregada a La Contratopedia tras una orden judicial, la entidad informó que esa actuación administrativa fue abierta formalmente el 16 de enero de 2025, pero el dato más revelador es este: casi un año y medio después, aún no hay decisión de fondo.
Según la UNP, el expediente está en etapa de “presentación y sustentación” ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, conocido como CERREM. Ese comité debe definir recomendaciones sobre el caso, pero la entidad no explicó qué significa exactamente esa etapa ni cuánto tiempo podría tardar la decisión final.
Arana tuvo esquema de protección de la UNP entre el 7 de febrero de 2023 y el 21 de abril de 2025, cuando renunció a él porque ya contaba con otro esquema suministrado por el Ministerio de Defensa. El esquema de la UNP incluía una camioneta blindada, un agente de protección fijo y el apoyo de un escolta para cubrir novedades.
Y aunque no fue mucho lo que la UNP le dijo a La Contratopedia, llegar a esos datos nos tomó casi un año. Le enviamos a esa entidad una petición de información en mayo de 2025, pero nos fue negada parcialmente alegando reserva legal, seguridad nacional y derecho a la intimidad.
Por tratarse de un hecho de interés público -involucra un esquema financiado con recursos públicos-, insistimos y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró, el 29 de abril, que la información fue “mal negada” y le ordenó a la UNP entregárnosla.
En otras palabras: tuvimos que acudir a un tribunal para que la UNP nos entregara información que, aun así, terminó siendo limitada. Después de casi un año de insistencia, la entidad solo confirmó que la investigación existe, que sigue abierta y que todavía no hay una decisión de fondo.
Para un caso como este, que involucra un esquema de seguridad estatal, recursos públicos y la muerte de un ciudadano, la respuesta de la UNP es insuficiente. También muestra cómo el argumento de la reserva puede terminar convertido en una forma de opacidad institucional.