Este sábado 4 de julio la Constitución Política cumplió 36 años de promulgada. Las razones para celebrar son muchas, pues transformó al país de un Estado de Derecho a uno Social de Derecho, abriendo las puertas jurídicas hacia la modernidad institucional.
La carta magna de 1991 es las más garantista del mundo. Figuras como la acción de tutela o el reconocimiento de la diversidad y el pluralismo destacan a nuestro país como una nación pluriétnica y multicultural, otorgando derechos territoriales y autonomía a las comunidades indígenas y afrodescendientes, consagrando la libertad de cultos, creando instituciones claves como la Corte Constitucional, principal guardiana de la carta, o la Fiscalía General de la Nación, que separó la investigación del juzgamiento, o la Defensoría del Pueblo, configurando la total independencia al Banco de la República.
La Constitución es pródiga en mecanismos de participación ciudadana, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto o la revocatoria del mandato, superando a la democracia meramente representativa.
Aunque ha sufrido 57 reformas, alterado de forma directa más de 100 artículos de la carta original en temas claves como las modificaciones al Sistema General de Participaciones y regalías, o la justicia y la paz, con la creación de la JEP; su núcleo central, que es la carta de derechos, permanece incólume, razón por la que cualquier intento de reforma por vías distintas al largo recorrido que debe hacer ante el Legislativo, es vista con recelo, pues es altamente probable que se introduzcan normas que los limiten, o a la tutela o que disminuyen las normas de la separación de poderes y los contrapesos contra estos.
Si hubiese que modificar algo sería el hiperpresidencialismo, pues no sólo no descentralizó el poder, sino que mantuvo un Ejecutivo en extremo fuerte con amplias facultades presupuestales y políticas, lo que no ha hecho sino asfixiar a las regiones.
Aun cuando la Corte Constitucional ha sido el motor de la transformación social del país mediante el llamado ‘activismo judicial’, ha ido más allá del texto original para usurpar funciones del Legislativo, tomando decisiones de alto impacto moral, social y económico que deberían debatir los representantes electos por voto popular.
Por ejemplo, el impacto fiscal de sentencias que declaran el ‘Estado de Cosas Inconstitucional’, como en el sistema carcelario o la atención a desplazados, han obligado al Gobierno a destinar recursos masivos de forma inmediata, desconfigurando el presupuesto nacional y la planeación económica del Ejecutivo.
Sin embargo, y como situación general, la Constitución Política de 1991 ha sido un motor para el avance social y económico del país, y para la promoción y garantía de derechos de los ciudadanos.
¡Hay que protegerla a ella también!