Los cartageneros observamos con expectativa el avance de las obras que prometen mitigar las inundaciones históricas en Bocala; sin embargo, en medio del despliegue técnico y la millonaria inversión en infraestructura civil, surgen interrogantes de fondo: ¿existe una estrategia financiera clara para asegurar la operación y el mantenimiento continuo de estas obras a lo largo del tiempo, o se corre el riesgo de repetir tropiezos administrativos del pasado?
El debate cobra relevancia al revisar el marco normativo colombiano. Bajo la Ley 142 de 1994, los servicios públicos domiciliarios como el acueducto, el alcantarillado sanitario y el aseo cuentan con esquemas tarifarios regulados que permiten a los operadores cubrir sus costos de funcionamiento directamente a través de las facturas. El drenaje pluvial, por el contrario, carece de una tarifa directa al usuario. Recordemos que las extintas Empresas Públicas de Cartagena se encargaban de esta labor, y desde que desaparecieron, los drenajes quedaron huérfanos. Entonces, los cartageneros debemos entender cómo se articulará la responsabilidad entre el Distrito y la empresa de servicios públicos de la ciudad. Si Acuacar no tiene la atribución legal para cargar estos costos a la tarifa, entonces: ¿cuenta la Secretaría de Infraestructura con la estructura técnica y presupuestal necesaria para asumir de forma ininterrumpida la custodia y el mantenimiento especializado de la infraestructura, incluyendo estaciones de bombeo, que se están construyendo actualmente?
El recuerdo de lo ocurrido hace años en la Plaza de la Aduana invita a la prudencia. En aquel proyecto se instaló un sistema de bombeo subterráneo que, con el tiempo, dejó de operar (¿o que nunca operó?), manteniendo la vulnerabilidad del sector ante las mareas altas y las lluvias. Un punto importante del proyecto actual es que los estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos elaborados por el Consorcio Protección Cartagena revelan que se eliminará el drenaje por gravedad y el sector se convertirá en un sistema completamente dependiente del bombeo activo. Ante esto, surge la pregunta: ¿Se han blindado contractualmente las nuevas bombas en Bocala para evitar un destino similar al de las bombas obsoletas en la Plaza de la Aduana? ¿Si las bombas fallan, podría ser la inundación peor a la que ocurre actualmente?
Mantener sistemas de bombeo pluvial al lado del mar requiere recursos anuales considerables: suministro constante de energía, reposición de piezas mecánicas, lavado técnico y limpieza de sedimentos. Pero, ¿será suficiente depender de las asignaciones ordinarias del presupuesto anual distrital, sujetas a los ciclos de contratación pública y a múltiples prioridades sociales, o requerirá la ciudad explorar esquemas financieros alternativos como sobretasas locales asociadas al desarrollo urbano de la zona? ¿Se les ha informado a los residentes si les cobrarán más impuestos? Responder a estas preguntas antes de concluir las obras resultará determinante para garantizar que la inversión perdure en beneficio de toda la comunidad.