El presidente Abelardo De La Espriella anunció una “contrarrevolución cultural” contra el wokismo; pero la ofensiva llegó al Museo Nacional, donde se retiraron piezas vinculadas al M-19 y los acuerdos de paz. Parece que bajo una misma cruzada se proponen dos batallas distintas: una por las identidades culturales y otra por la memoria histórica. ¿Qué combate realmente el Gobierno y cuáles son sus límites constitucionales?
Hay que señalar que el wokismo no es una doctrina uniforme. Nació de la expresión afroestadounidense ‘woke’, que remite a la idea de estar alerta frente al racismo y las injusticias. En el ámbito académico se vincula con los estudios sobre género, poscoloniales y la teoría crítica de la raza. En el mercado aparece como capitalismo woke, que transforma la diversidad, estilos de vida y las identidades en objetos de consumos. Y en política adopta expresiones identitarias que, en sus versiones extremas, dividen al mundo entre opresores y oprimidos.
Esta última dimensión merece dos críticas. La primera es la instrumentalización política, que determinados sectores de la izquierda latinoamericana han hecho de las reivindicaciones identitarias, sin traducirlas en transformaciones materiales para las comunidades que dicen representar. Mientras se multiplican los símbolos de inclusión, persisten las carencias de empleo, educación, salud y oportunidades. La segunda es su tentación inquisitorial, expresada en la “cultura de la cancelación” que convierte las convicciones wokistas en dogmas y el desacuerdo y las críticas en herejía, lo que conduce no sólo al empobrecimiento del debate público, sino a instalar una silenciosa ‘autocensura preventiva’ en el periodismo, la academia y las artes, donde disentir tiene costos sociales o profesionales.
Una empresa pública para lo que falta
María Claudia Peñas A.Sin embargo, retirar imágenes alusivas al conflicto armado y a los procesos de paz no equivale a combatir al wokismo, lo excede: supone intervenir en la manera como Colombia recuerda su conflicto. El Gobierno sostiene que busca impedir la apología al terrorismo. Sin duda, un museo no debe romantizar la violencia insurgente, ni debe revictimizar a quienes padecieron sus crímenes; pero recordar no es justificar. La diferencia entre conmemoración, contextualización histórica y exaltación resulta aquí esencial.
La Constitución de 1991 protege el pluralismo cultural y la diversidad de memorias. No consagra una versión oficial del pasado ni autoriza a los gobernantes a imponer su interpretación de la historia como la única legítima. Esa exigencia también debía observarse durante el gobierno anterior, cuando la exhibición política de símbolos del M-19 intentó romantizar el pasado violento de esa organización guerrillera. Pero cuestionar aquella instrumentalización no justifica que el actual Gobierno incurra en el extremo contrario: combatir una ortodoxia mediante otra y denunciar la manipulación ideológica mientras interviene la memoria histórica nacional. La respuesta al sesgo no puede ser la exclusión de los relatos incómodos. La historia no pertenece al gobierno de turno, y combatir el adoctrinamiento no autoriza a convertir al Estado en guardián de una memoria única.
*Profesor Universitario.