Hay que decirlo sin reservas: Cartagena sí necesita una empresa pública de servicios. Hay tareas que hoy nadie asume, como el ornato y las zonas verdes, los drenajes pluviales y el control de mareas. Cada aguacero lo confirma. Una empresa pública bien diseñada puede llenar ese vacío.
El proyecto de acuerdo radicado en el Concejo, sin embargo, deja preguntas de fondo. No incluye estudio demostrativo ni cierre financiero para ninguno de los servicios que pretende prestar, como aseo, energía y alumbrado público, que exigen recursos, tarifas e inversiones claras. El cierre financiero define cuánto costará cada servicio y con qué recursos se pagará. Sin esa información, el Concejo vota a ciegas.
El agua es el punto más crítico, y allí el problema es de inversión y no de estructura administrativa. Los cortes del agua son inaceptables, pero crear otra empresa no produce un metro cúbico más. Lo que sí produce agua es ampliar la Planta Potabilizadora El Cerro, que requiere cerca de 150 mil millones de pesos. Ni el proyecto de acuerdo de la nueva empresa ni el presupuesto distrital de 2027 financian esa obra. Sin inversión, ninguna empresa garantiza agua en las casas.

La batalla por la cultura y la memoria
Yezid Carrillo De La RosaLa respuesta es el modelo mixto que Cartagena creó en 1995 y debe defender como suyo: Aguas de Cartagena, con más de 30 años de experiencia y personal técnico cartagenero. El Distrito es dueño de la mitad de la empresa y, con ella, de la mitad de sus aciertos y de sus fallas. De ahí que le corresponda exigir, corregir y rendir cuentas desde adentro. Mejorar lo que existe, con cambios operativos serios, es más eficiente que empezar de cero.
Al terminar el Contrato de Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISAA), por vencimiento o por cualquier otra causa prevista en él, el Distrito quedará con el 100% de Aguas de Cartagena. En ese escenario no habría razón para reemplazar una empresa con esa trayectoria. Más adelante la ciudad podrá evaluar si se justifica que la nueva empresa participe en el servicio de agua. Esa decisión solo debería tomarse cuando se resuelva la situación jurídica del contrato.
Para la nueva empresa pedimos tres cosas. Un cierre financiero aprobado y publicado antes de iniciar cada servicio. Un gobierno corporativo definido en el propio acuerdo, porque una empresa 100% pública tendría un solo accionista y la asamblea sería el Alcalde de turno. Y un acuerdo de relacionamiento que limite con un porcentaje las transferencias de excedentes a la Alcaldía. Estas condiciones protegen a la ciudad del riesgo fiscal y del vaivén político.
Cartagena necesita una empresa que complemente, no que duplique, y en ese empeño cuenta con nuestro respaldo. Construirla bien vale más que construirla rápido.
*Gerente ANDI Bolívar.
