La tradición filosófica occidental ha reconocido una estrecha relación entre el gobierno de sí mismo y el ejercicio legítimo del poder. Se trata de una antigua verdad que la política contemporánea parece haber olvidado: difícilmente puede gobernar una nación, quien no puede gobernar sus propias pasiones. Porque cuando la soberbia, la ambición o los apetitos personales desplazan a la razón, el desorden interior del gobernante puede convertirse en el desorden de las instituciones.
Los griegos comprendieron esta antigua tragedia del poder. Sócrates destacó la enkrateia, o dominio de sí mismo, como condición de una vida virtuosa; Platón, en ‘La República’, estableció una correspondencia entre el orden del alma y el de la ciudad, mostrando que, cuando los apetitos desplazan a la razón, ambos quedan expuestos al desorden; y Aristóteles consideró la sophrosyne, o templanza, como una virtud indispensable para moderar los deseos y evitar la akolasia, esa intemperancia que convierte al individuo en prisionero de sus apetitos. Los estoicos profundizaron esta enseñanza. Marco Aurelio, que conoció las tentaciones del poder imperial, insistió en la disciplina interior y en la necesidad de no convertirse en esclavo de las propias pasiones. Siglos después, San Agustín advirtió sobre la líbido dominandi, ese afán desmedido de dominación que puede transformar el ejercicio de la autoridad en una búsqueda insaciable de poder.
Estas antiguas reflexiones regresan inevitablemente al presente, cuando observamos las controversias en las que se ha visto envuelto el gobierno anterior, pues de comprobarse las denuncias que han circulado sobre los excesos y desenfrenos de quienes lideraron aquella administración, debemos plantearnos una pregunta inevitable: ¿cuánto del desorden institucional pudo tener su origen en la incapacidad de gobernarse a sí mismos, de quienes ejercían el poder?
Sería ingenuo suponer que la virtud personal garantiza por sí sola el buen gobierno. Pero también lo sería ignorar que los vicios de este último pueden terminar convirtiéndose en los vicios de las instituciones. Los antiguos confiaron en las virtudes del gobernante; los modernos comprendieron que ninguna república podía descansar exclusivamente en ellas. De ahí la desconfianza republicana hacia el gobierno de los hombres y la necesidad de someterlo al gobierno de las leyes.
La experiencia colombiana deja una doble enseñanza: necesitamos gobernantes capaces de moderar sus pasiones, pero también instituciones suficientemente fuertes para resistir cuando aquellos fracasan. Al mismo tiempo, plantea una advertencia al nuevo gobierno: es equivocado pasar de un ejercicio del poder marcado por el predominio de las pasiones personales, a otro que pretenda imponer su propia ortodoxia moral, porque la templanza debe exigirse a quienes gobiernan, no convertirse en pretexto para restringir la autonomía de los gobernados. La historia enseña que las repúblicas pueden naufragar cuando el gobernante se convierte en esclavo de sus pasiones, pero también, cuando éste creyéndose dueño de la virtud, pretende someter a los ciudadanos al imperio de sus convicciones.