Bajo este mismo título publicamos el editorial del pasado 10 de septiembre, en ese momento por los mensajes destemplados que el presidente de la República lanzaba contra el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con ocasión de la investigación de la campaña que los llevó a él y a la vicepresidenta a la Casa de Nariño.
En ese editorial manifestamos tres verdades de Perogrullo: (1) ninguna autoridad en Colombia tiene, salvo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, jurisdicción para investigar al primer mandatario con miras a una posible destitución por hechos de su campaña hacia la presidencia; (2) ninguna autoridad en Colombia tiene, salvo el Senado de la República, competencia para juzgarlo; y, (3) es una competencia indelegable del CNE investigar cualquier campaña política, inclusive las campañas presidenciales.
Estas tres verdades, de suyo elementales, las tiene claras cualquier colombiano y, por supuesto, el presidente primero entre todos, por cuanto nadie puede poner en duda que al CNE le compete, por función constitucional y legal, investigar las denuncias por violación de topes electorales, incluidas las desplegadas para la elección presidencial. Por lo mismo, el CNE no puede sustraerse de ese deber.
De hecho, no decidió archivar la investigación (habría sido un escándalo lo contrario), acogiendo la ponencia de formulación de cargos, por lo que se abre paso a la práctica de pruebas en el expediente. Y dependiendo de los resultados de la investigación, puede concluir con una condena consistente en multa y orden de devolución de lo reconocido como reposiciones de votos; pero no destitución del presidente.
Por eso, reiteramos lo dicho aquí en septiembre, en cuanto a que, aun cuando el presidente pretenda usar la información para avivar a sus bases, no existe posibilidad de que el CNE ordene la destitución del presidente y vicepresidenta, pues aunque la Constitución dispone la pérdida de investidura o del cargo, es claro que en los casos de aforados, como ellos, esa competencia pasa al Congreso de la República, con lo cual no le queda otro camino al CNE que compulsar copias de la investigación, para remitirla a la Cámara de Representantes para lo de su competencia.
Son reprochables, en consecuencia, las afirmaciones del primer mandatario en X, en cuanto a que ha “comenzado el golpe de Estado”, agregando graves ofensas contra los magistrados del CNE e instando a una movilización contra una providencia sustentada en la Constitución y la ley, máxime bajo la indiscutible expectativa de que nada le pasará en la Comisión de Acusaciones, que es, de lejos, el organismo más inofensivo del planeta tierra.
Dejar y garantizar que la organización electoral haga su trabajo con autonomía, ante la cual podrá presentar los recursos legales, es lo que le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo.