A partir de lo que muestra el reciente informe del DANE, basado en registros del Sistema Penal Oral Acusatorio entre 2015 y 2025, es inevitable concluir que la Infancia en nuestro país enfrenta una realidad desgarradora frente a la cual no podemos permanecer indiferentes.
En efecto, durante ese periodo se contabilizaron al menos 22.697 menores víctimas de explotación sexual comercial, una cifra aterradora que es apenas un “piso mínimo” si se considera que el subregistro y el silencio impuesto por el miedo ocultan una realidad mayor, lo que indica una tragedia de dimensiones incalculables.
Esos datos revelan la tremenda crisis de las nuevas generaciones y la influencia negativa que puede propinar la tecnología, en tanto que el 81,8% de las víctimas son niñas y adolescentes, concentradas mayoritariamente entre los 14 y 17 años, siendo el fenómeno que más crece el de la pornografía infantil, impulsada por entornos digitales donde los victimarios encuentran anonimato y facilidad de acceso. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali encabezan los reportes, evidenciando el peligro en los centros urbanos, pero pudiera replicarse en zonas menos centrales.
Ante semejante escenario cobra importancia valorar las 194 recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha emitido tras una década de silencio sobre el tema. Por fin, dicho organismo se ha pronunciado a fondo, resaltando que el 45% de esas observaciones se centran en las violencias y el impacto del conflicto armado. Es una señal de alerta internacional que el Gobierno nacional no puede seguir ignorar.
Se esperaría que el Estado, esto es, nuestros gobernantes, asuma la protección de la niñez como una prioridad absoluta, lo cual implica garantizar recursos financieros robustos y una coordinación efectiva entre el ICBF, la Fiscalía y los ministerios para que la protección no sea un trámite, sino garantía de vida tranquila. Dentro de esta coordinación, incluir a los mandatarios locales, o sea, articulación con los territorios. De la misma manera, asumir de inmediato las recomendaciones de la ONU sobre salud adolescente, protección en zonas de conflicto y prevención de reclutamiento.
Y para el resto de la sociedad, considerar en serio que no podemos ser espectadores pasivos de la terrible y vergonzosa realidad que padecen tantos de nuestros menores, pues la transformación comienza con la conciencia colectiva; es entender que cada niño vulnerable es responsabilidad de todos.
Estamos llamados a informarnos sobre el tema más prioritario, exigiendo a las autoridades locales entornos escolares seguros y apoyando a organizaciones que luchan contra la indiferencia cómplice.
Solo una sociedad vigilante y un Estado comprometido podrán devolverles a nuestros niños, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el derecho a un futuro libre de miedo.