La crisis energética en el Caribe colombiano ha dejado de ser un problema regional para convertirse en un desafío de seguridad nacional. Ante este panorama, gobernadores de la región, articulados decisivamente a través de la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe), y respaldados por la bancada del Congreso, el sector privado y la academia, han suscrito este viernes la Declaración de Montería.
El documento no es una queja ante el centralismo; es una proclama de autonomía y una hoja de ruta técnica y política de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Quien asuma las riendas de Colombia para el periodo 2026-2030 deberá entender que el desarrollo del país pasa obligatoriamente por la transformación de la Costa.
El núcleo de esta estrategia es el Plan Caribe Energético, una propuesta audaz en cuanto a que la energía ya no debe verse solo como un servicio público; también es el motor de la transformación económica y productiva del territorio. El Caribe no es solo un territorio con altas tarifas (11% por encima del promedio nacional), apagones y subnormalidad eléctrica; es, ante todo, la despensa de soluciones energéticas para Colombia. Con un potencial renovable inigualable, disponibilidad de gas natural, infraestructura portuaria de primer nivel y una localización estratégica, la región exige convertirse en verdadero hub energético e industrial.
Para lograrlo, la RAP Caribe asume un papel determinante. No es un actor pasivo; es la instancia legítima de gobernanza encargada de articular a las autoridades locales, los gremios y las comunidades para pasar del diagnóstico a la ejecución real.
Bajo este liderazgo regional se ha diseñado una hoja de ruta con 49 acciones concretas, priorizadas de manera estricta para garantizar la estabilidad del sistema: 11 de activación inmediata los primeros 100 días del nuevo Gobierno, 9 a corto plazo (antes de marzo de 2027), 7 a mediano plazo (para agosto de 2028) y 22 con un horizonte hacia el 2030.
La Declaración de Montería del pasado viernes plantea una exigencia clara a los candidatos presidenciales: la institucionalización de la Mesa Energética del Caribe como el espacio natural de concertación entre la Nación y el territorio. Ya no se aceptarán decisiones unilaterales tomadas desde la fría Bogotá. Los gobernadores exigen una articulación real, para lo cual convocan formalmente al presidente electo a una sesión de trabajo en Barranquilla el 17 de julio próximo. El objetivo es directo: incorporar el Plan Caribe Energético en el Plan Nacional de Desarrollo.
El mandatario que llegue debe asumir este compromiso no como un favor a la Costa, sino como la única vía para asegurar la competitividad, la transición energética justa y la confiabilidad que el país necesita. Por eso, comprometer desde ya a las dos fórmulas presidenciales es inaplazable.