Cuba vive un colapso estructural, económico, social y político provocado por una dictadura que sigue priorizando su supervivencia financiera sobre los intereses de sus ciudadanos. Si por años alegó que su profundo subdesarrollo se debía al embargo de EE. UU., ha quedado claro que esa excusa era insostenible, pues solo ante la actitud de EE. UU. en los últimos meses es que pudiera afirmarlo.
Antes de los actuales apagones masivos, el repliegue empresarial extranjero y el cerco judicial sobre la cúpula militar, que marcan la cuenta atrás del régimen, esto es, antes de las decisiones adoptadas en el segundo mandato de Donald Trump, la isla había gozado del apoyo de China, Rusia, Venezuela, Europa (sobre todo, España), y de buena parte de los países latinoamericanos. Pero nada de eso sirvió para que su sociedad aprendiera a ser productiva y no dependiente del auxilio de gobiernos extranjeros, que con el tiempo se cansaron de asumir su sustento sin que sus dirigentes lograran construir un sistema sostenible.
El deterioro de su economía recibió el segundo mandato de Trump como el factor que faltaba para que la cotidianidad del cubano se convirtiera en una tortura silenciosa, pues la crisis energética deja a las provincias orientales con una hora de luz al día y a La Habana con apagones de más de 40 horas consecutivas, con escasez crónica de agua, comida, el transporte paralizado y el desabastecimiento casi total.
Al régimen no le queda sino el adoctrinamiento escolar y la retórica de una invasión estadounidense para justificar la movilización militar de la reserva, lo que podrá durar hasta que el hambre venza al miedo.
Tras el ultimátum de EE. UU. de romper vínculos con empresas militares cubanas, se ha desatado un repliegue empresarial sin precedentes. Gigantes como Blue Diamond, Meliá, Iberostar y Barceló abandonaron la gestión de casi cien hoteles para evitar sanciones internacionales.
Con un turismo en caída, más de 200 mil trabajadores quedaron desempleados o reubicados con salarios estatales de miseria. Y la imputación de cargos por asesinato contra el general Castro, de 94 años, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, en 1996, y las sanciones del Tesoro estadounidense a Miguel Díaz-Canel, su familia y los descendientes de Castro, EE. U.U. ha quebrado su impunidad histórica.
Aunque el régimen recurre al victimismo, pues Díaz-Canel amenazó con un “baño de sangre” ante intervenciones externas, el argumento oficial del bloqueo externo internamente ya no es creíble en tanto el pueblo señala a la junta militar como la culpable de su agonía.
Con la economía destruida, el aislamiento financiero y una sociedad civil desesperada cruzando el límite del hartazgo, que ha perdido el miedo, el régimen está en un punto de no retorno.
La única salida viable entonces es el fin de la dictadura y una pronta transición democrática