La crisis del Nuevo Hospital Bocagrande, revelada al público la semana pasada, no parece ser un hecho aislado. Es, más bien, el síntoma de una metástasis estructural que consume a nuestro Sistema de Salud Pública (SSP).
Que una institución de gran trayectoria, referente regional y salvavidas de las comunidades vulnerables de la zona insular, pues este es el hospital al que trasladan desde Tierrabomba y Barú a sus accidentados o enfermos, tenga que rogar por el traslado de sus pacientes debido a una asfixia financiera, demuestra la deriva de un modelo que podía funcionar, pero que se deterioró en el actual Gobierno.
Este doloroso escenario evidencia fallas críticas del SSP actual, como desplome del flujo de recursos, lo que se revela en el argumento del hospital sobre la insuficiencia de pagos y la falta de programación de recursos por parte de las EPS, lo que confirma que la intermediación financiera se convirtió en un cuello de botella. Los recursos públicos de la salud se quedan atrapados en la burocracia aseguradora, reteniendo pagos de forma injustificada, mientras los hospitales de primera línea se desangran sin liquidez para operar.
Para los habitantes de la zona insular de Cartagena, el Hospital Bocagrande representa la frontera entre la vida y la muerte. Al cerrarse o limitar sus servicios por desabastecimiento de insumos básicos y cese de actividades del personal, al que por cierto les adeudan sus salarios, el Estado incumple su deber de protección a poblaciones históricamente excluidas. Así, la descentralización de la salud no puede convertirse en un abandono territorial institucionalizado.
Pretender medidas de extrema austeridad a un hospital hasta el punto de no poder pagar a sus trabajadores es desmantelar la dignidad médica. Un personal de salud desmotivado y sin salarios, sumado a la escasez de medicamentos y material quirúrgico, rompe el principio de seguridad del paciente. Por esto, el traslado masivo de pacientes solicitados no es una solución logística; es una evacuación de emergencia ante el naufragio del sistema.
La realidad es devastadora, pues mientras entes de control como la Superintendencia de Salud, el Dadis y la Procuraduría actúan como bomberos intentando apagar incendios particulares mediante la intervención tardía, la estructura regulatoria nacional sigue fallando en prevenir el colapso del SSP y la morosidad.
En suma, el caso de Bocagrande es una radiografía del fracaso de un diseño institucional que no pudo mejorar el SSP. Si el Estado colombiano no asume su deber de girar a las EPS y a los centros de salud de manera directa, eficiente y transparente, eliminando las barreras que asfixian a las IPS y dignificando al talento humano, seguiremos asistiendo al desfile fúnebre de nuestros hospitales.
¡El cierre del Hospital Bocagrande tiene que evitarse a toda costa!